Lara promete cárcel para Paz y acusa al presidente de delinquir por decreto

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La fractura en la cúpula del poder alcanzó un punto de no retorno. Durante un encendido acto proselitista en Oruro, el vicepresidente Edmand Lara lanzó una amenaza directa: aseguró que el presidente Rodrigo Paz será juzgado y "sentirá la justicia" una vez que abandone el cargo. Según Lara, el mandatario utiliza decretos que violan la Constitución, convirtiendo su propia gestión en una "prueba del delito" que lo llevará al banquillo de los acusados.

El conflicto escaló hacia la polémica ley antibloqueos, la cual Lara calificó como un instrumento de persecución diseñado para silenciar los reclamos sociales. Para el vicepresidente, el Gobierno de Paz intenta entregar los recursos naturales a intereses extranjeros mientras gobierna bajo una supuesta "ilegalidad digital", cuestionando la validez de administrar el Estado a través de mecanismos virtuales que alejan a las autoridades del contacto con el pueblo.

En un tono marcadamente electoral, Lara instó a los votantes a derrotar a los candidatos de la alianza Patria, impulsada por el presidente, para frenar lo que considera un pisoteo constante a la institucionalidad. La confrontación entre los dos hombres más fuertes del país ya no es solo política, sino que ha tomado un matiz judicial preventivo que pone en duda la estabilidad de la actual administración hasta el final de su mandato.

Esta arremetida de Lara no solo confirma la muerte del binomio oficialista, sino que anticipa una transición marcada por la revancha judicial. El vicepresidente ha sido claro: no habrá amnistía para quien, a su juicio, ha decidido "delinquir" desde el despacho presidencial. La batalla ahora se traslada a las urnas de las subnacionales, donde ambos medirán su verdadera fuerza territorial.

La política boliviana asiste al espectáculo de un vicepresidente que ya no actúa como aliado, sino como el primer fiscal de un presidente al que espera ver tras las rejas.