El fin del pacto: Rodrigo Paz desmantela la plataforma presidencial de Edmand Lara

[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]

El Decreto Supremo 5552 no nació en un escritorio administrativo, sino en el fragor de una guerra política que ya no tiene retorno. Al confiscar el gabinete y el presupuesto de la Vicepresidencia, el presidente Rodrigo Paz ha ejecutado una operación de "neutralización" contra el hombre que pasó de ser su compañero de fórmula a su opositor más encarnizado. Esta norma es la respuesta final a meses de ataques sistemáticos que Edmand Lara lanzó desde el corazón del mismo Gobierno.

La relación entre ambos mandatarios se quebró en el momento en que Lara decidió utilizar la estructura del Estado para cimentar su propia ambición presidencial. Lo que comenzó como una alianza estratégica para ganar las elecciones, terminó convirtiéndose en una convivencia insoportable donde el Vicepresidente operaba como un agente de la oposición dentro del Palacio. La lealtad fue reemplazada por la crítica pública, obligando a Paz a tomar una medida que raya en la intervención institucional.

El golpe quirúrgico que le quita a Lara el manejo de sus propios asesores y su equipo de prensa busca, ante todo, silenciar la máquina de propaganda que el Vicepresidente había montado. Al depender ahora del Ministerio de la Presidencia, cada palabra, cada boletín y cada acto protocolar de Lara pasará por el filtro de quienes hoy lo ven como un enemigo político. Se trata de un "corralito" comunicacional diseñado para asfixiar su proyección mediática.

Pero el punto más visceral del decreto es la prohibición de tener representaciones regionales. Esta cláusula desarma la estructura territorial que Lara venía tejiendo en los departamentos con miras a las próximas elecciones. Sin oficinas en las regiones, sin viáticos propios y sin la capacidad de movilizar personal en el interior, su proyecto de ser el sucesor de Paz queda reducido a una quimera administrativa confinada a la ciudad de La Paz.

Para el lector atento, esta reestructuración es el acta de defunción de un binomio que ya no se habla. Rodrigo Paz ha entendido que no puede dormir con el enemigo manejando sus propios recursos. Al centralizar las unidades de Auditoría y Transparencia, el Ejecutivo le ha puesto un grillete legal a Lara: cualquier movimiento sospechoso de fondos para fines proselitistas será detectado de inmediato por el auditor del Presidente.

Incluso la gestión legislativa, la única función que la Constitución le otorga al Vicepresidente, ha sido saboteada. Al quitarle el control de la Unidad de Relacionamiento Legislativo, el Gobierno le quita el poder de negociación con los asambleístas. Lara ya no tiene nada que ofrecer en el Parlamento; los puentes, los cargos y las decisiones estratégicas ahora se cocinan exclusivamente en el despacho presidencial de la Casa Grande.

El contexto de esta "purga" administrativa se explica también por la necesidad de Rodrigo Paz de consolidar el mando único. En un escenario de crisis de carburantes y tensiones sociales, el Presidente no puede permitirse un Vicepresidente que juegue al "outsider" mientras cobra un sueldo del Estado. La intervención es un mensaje para todo el gabinete: en esta gestión, la disidencia interna se paga con el desmantelamiento de sus funciones.

La figura del "Vicepresidente opositor" no es nueva en la historia de Bolivia, pero la respuesta de Paz sí lo es por su agresividad técnica. En lugar de pedir la renuncia o forzar un juicio, ha optado por la humillación de convertir a Lara en un funcionario de bajo rango que debe pedir permiso hasta para contratar a su propio chofer. Es una muerte civil ejecutada a través de la Gaceta Oficial, sin disparar un solo tiro político fuera de norma.

La absorción de la Biblioteca y el Archivo Histórico es otro símbolo del despojo. Se le quita a Lara no solo el futuro político, sino también la custodia del pasado legislativo. El Ejecutivo ahora controla hasta los libros que el Vicepresidente consulta, en un nivel de microgestión que demuestra el grado de desconfianza y la ruptura total de los canales de comunicación personal entre los dos hombres más fuertes del país.

Este Decreto 5552 marca el inicio de una nueva etapa donde la Vicepresidencia queda reducida a una oficina de trámites. Edmand Lara, con sus deseos confesos de ser presidente, se encuentra ahora ante una encrucijada: aceptar la humillación de ser un subordinado del Ministerio de la Presidencia o renunciar para hacer oposición desde las calles, ya sin el respaldo del aparato estatal que tanto criticó.

La jugada de Rodrigo Paz es arriesgada pero clarificadora. Al transparentar que la Vicepresidencia ya no es un aliado, el Gobierno se quita una mochila de inestabilidad. Sin embargo, la historia boliviana enseña que arrinconar a un enemigo con ambición puede ser el combustible que este necesita para radicalizarse. La intervención está consumada; ahora queda ver si Lara aceptará el papel de "jarrón chino" o si este golpe al mentón lo obligará a saltar del barco.

Finalmente, el país observa cómo la gestión pública se mezcla con la supervivencia política. Mientras los problemas de fondo del Estado esperan soluciones, la cúpula del poder se desangra en decretos de control. Lo cierto es que, a partir de hoy, la Vicepresidencia de Bolivia ha dejado de ser un centro de poder para convertirse en una dependencia más del Ministerio de la Presidencia, bajo la atenta mirada de un Rodrigo Paz que no perdona la traición.

El Dato de Cierre: Edmand Lara todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre la pérdida de su gabinete, pero fuentes cercanas aseguran que el Vicepresidente prepara una respuesta jurídica denunciando la inconstitucionalidad de un decreto que lo deja sin manos para gobernar.