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- 2026-02-24
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La fractura en el Palacio Quemado ha pasado de las tensiones verbales a una guerra judicial abierta. El vicepresidente Edmand Lara rompió el silencio este lunes tras la puesta en vigencia del Decreto Supremo 5552, calificando la norma como un golpe inconstitucional que lo reduce a la condición de un subordinado administrativo del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
Lara fue contundente al describir su nueva realidad operativa: "Prácticamente soy un empleado de José Luis Lupo", afirmó ante los medios, denunciando que el decreto le arrebata la facultad de contratar personal, firmar memorándums o disponer de cualquier recurso de la Vicepresidencia. Según la Gaceta de Bolivia, todas las unidades de su despacho dependen ahora directa o administrativamente del Ministerio de la Presidencia.
Ante lo que considera una vulneración directa a la Carta Magna, el mandatario anunció la presentación de acciones constitucionales para anular el decreto. Lara advirtió que no se trata de una defensa personal, sino de proteger la institucionalidad democrática frente a un presidente, Rodrigo Paz, que —según sus palabras— pretende gobernar mediante decretos digitales y unilaterales.
El equipo jurídico de la Vicepresidencia ya trabaja en los recursos que serán presentados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Lara alertó que, si no se frena este avance del Ejecutivo sobre las funciones de otros órganos, el próximo paso del Gobierno podría ser la intervención de la Asamblea Legislativa o el Poder Judicial, profundizando la herida en la democracia boliviana.
El Punto de JM: El lamento de Lara llega tarde para quien no supo leer los movimientos de poder antes de la firma. Que un vicepresidente electo confiese ser "empleado" de un ministro no solo es una humillación personal, es la radiografía de un Gobierno que ha decidido anular la fiscalización interna para imponer una gestión vertical y sin contrapesos.
