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- 2026-03-25
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La aprehensión de 36 personas en la localidad de Chupipata ha destapado una realidad que las autoridades prefieren no nombrar: la existencia de estructuras paramilitares operando en el corazón turístico de La Paz. Tres campamentos tácticos coordinados no son obra de la delincuencia común, sino de un enclave de ocupación territorial.
El operativo, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, genera alarmas por el tipo de arsenal incautado. No solo se trata de dinamita; el hallazgo de un subfusil, revólveres y granadas de gas —material de uso exclusivo del Estado— sugiere que este grupo de choque cuenta con una cadena de suministros de alto nivel.
La logística para sostener a 36 personas armadas en el monte, con alimentación, relevos y tecnología de comunicación, apunta a intereses económicos pesados. La pregunta que flota en el ambiente es: ¿quién paga los sueldos de este ejército en las sombras que operaba a solo 200 metros del "Camino de la Muerte"?
Desde la otra acera, la Policía presenta el hecho como una respuesta a denuncias de cooperativas mineras, pero el trasfondo de zozobra en una zona de tránsito internacional revela que el Estado ha perdido el control efectivo de las rutas. El silencio sobre el origen de los fondos para este contingente es ensordecedor.
Se identificaron tres asentamientos estratégicos, lo que demuestra una planificación militarizada. En el primer campamento se secuestraron 27 cachorros de dinamita y armas 9mm, pero fue en el tercer puesto donde el hallazgo de un subfusil con cargador y granadas de gas elevó la gravedad del caso.
La presencia de sustancias controladas entre las pertenencias de los aprehendidos vincula directamente este control territorial con actividades ilícitas que van más allá de una disputa de tierras. El grupo operaba con impunidad técnica, portando 50 dinamitas engarzadas y listas para su uso inmediato contra cualquier incursión.
Los pobladores de la zona aseguran que el grupo sembraba el terror no solo entre los locales, sino afectando el paso de turistas extranjeros. El impacto reputacional para el país es incalculable cuando una ruta emblemática se convierte en campo de operaciones para mercenarios armados.
La Fiscalía se encuentra ahora en el proceso de individualización de los 36 implicados, pero el foco no debe estar solo en los ejecutores. La investigación debe subir en la pirámide de mando para identificar a los "dueños" de este arsenal que desafía la seguridad nacional.
Este no es un hecho aislado en los Yungas, una región que ha visto crecer la violencia armada bajo el amparo de la minería ilegal y el tráfico de influencias. La incautación de granadas de gas es un dato clave que podría comprometer la custodia de armamento oficial en depósitos estatales.
Finalmente, la estabilidad de las rutas hacia el norte paceño queda en entredicho. Si un grupo de esta magnitud pudo instalar tres centros de operaciones sin ser detectado antes por inteligencia, queda claro que el radar de seguridad del Gobierno tiene puntos ciegos peligrosos.
El Dato de Cierre: Entre el material incautado se encontraron 17 granadas de gas y mechas de seguridad de alta precisión, elementos que confirman que el grupo tenía entrenamiento en tácticas de dispersión y ataque.
