Solo 14 de cada 100 bolivianos tienen seguro y jubilación: El resto pelea en las calles

[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]

Bolivia se ha convertido en un Estado cascarón que solo protege a una minoría privilegiada. La reciente declaración del director gubernamental de la empresa pública, Pablo Camacho, ha desnudado una realidad económica devastadora: apenas el 14% de la población económicamente activa goza de un trabajo formal, dejando al restante 86% en la intemperie total de la informalidad.

Esta cifra, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, representa el certificado de defunción del modelo económico actual. Mientras la Central Obrera Boliviana (COB) anuncia marchas para exigir pliegos petitorios, la realidad es que sus demandas solo alcanzan a ese pequeño grupo que aún ostenta un ítem, un seguro de salud y una jubilación asegurada.

“La COB debería estar preocupada porque hoy representa apenas un 14% de la economía formal”, sostuvo Camacho.

El 86% de los bolivianos —el gremial, el transportista que hoy bloquea por carburantes, el profesional que sobrevive como cuentapropista— ha sido expulsado del sistema. Para ellos, el Estado es una entidad que exige impuestos al consumo pero que no ofrece ninguna red de protección social frente a la crisis.

Desde la otra acera, la COB ha pasado de ser un ente matriz de los trabajadores a un club privado de beneficiarios del Estado. Su silencio cómplice durante años de despilfarro de recursos públicos hoy le pasa factura ante una base social que ya no se siente representada por dirigentes que viven de la "complacencia" gubernamental.

La informalidad no es una elección, es una estrategia de supervivencia. Cuando el 86% del país debe generar su propio sustento día a día, sin derecho a bajas médicas o vacaciones, el discurso del "crecimiento económico" se estrella contra la realidad de las calles sitiadas y los surtidores vacíos.

El funcionario Camacho cuestionó incluso dónde estaban las voces de la COB cuando se dilapidaron 15 mil millones de dólares en empresas públicas. Esa pregunta resuena hoy en el bolsillo del ciudadano que ve cómo su capacidad de ahorro se pulveriza mientras la élite sindical defiende su parcela de poder.

Este desequilibrio genera una bomba de tiempo social. Un país donde solo 14 de cada 100 personas aportan al sistema formal es un país financieramente inviable a largo plazo. La carga de sostener el aparato estatal recae sobre los hombros de una minoría, mientras la mayoría busca refugio en el comercio informal y el contrabando.

El pliego petitorio de la COB se percibe hoy como un insulto para el profesional que "taxea" o el comerciante que duerme en su camión esperando carburantes. La desconexión entre el Palacio y la acera es absoluta; uno habla de conquistas sociales y el otro de cómo llegar al final de la semana.

La verdadera noticia no es la movilización sindical, sino la orfandad del 86% de la población. El Estado boliviano ha dejado de ser un administrador del bienestar común para convertirse en un gestor de privilegios para quienes le son funcionales al poder de turno.

Finalmente, la cifra del 14% es la confesión de un fracaso estructural. Bolivia es hoy una nación de emprendedores por necesidad, abandonados a su suerte por un sistema que solo tiene ojos para quienes tienen un carnet de afiliado o un puesto en la burocracia estatal.

El Dato de Cierre: Según los datos oficiales, la informalidad en Bolivia es una de las más altas de la región, consolidando una economía donde casi 9 de cada 10 trabajadores no tienen ninguna garantía de protección social.