El secuestro de la mansión de Arce llega cuando el poder cambió de dueño

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La Fiscalía de La Paz finalmente ha puesto sus manos sobre la mansión de medio millón de dólares de Rafael Ernesto Arce Mosqueira en la zona de Obrajes. El operativo de secuestro y la transferencia del bien a Dircabi se presentan ante la opinión pública como un acto de justicia técnica, pero bajo la lupa de La Mesa de Análisis, la acción exhala un inconfundible aroma a oportunidad política. La realidad es cruda: la justicia boliviana necesitó que el expresidente Luis Arce estuviera tras las rejas para "descubrir" un patrimonio que fue un secreto a voces durante todo su mandato.

Durante años, Rafael Arce Mosqueira acumuló predios, vehículos de alta gama y residencias de lujo sin que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) o el Ministerio Público detectaran una sola irregularidad. En ese entonces, el apellido Arce funcionaba como un blindaje administrativo que mantenía a los fiscales a una distancia prudente. Hoy, con el clan familiar en desgracia y el padre cumpliendo condena por el caso del Fondo Indígena, el sistema judicial recupera milagrosamente la vista y la valentía para actuar.

El fiscal David Tórrez celebra la identificación de estos activos valuados en $us 500.000, pero el análisis desde la otra acera revela una negligencia previa que raya en la complicidad. Mientras el "hijo del poder" compraba mansiones en Obrajes, los organismos de control estatal parecían padecer de una parálisis selectiva. El secuestro actual no es producto de una investigación fortuita, sino de la pérdida de protección política; es la justicia que solo se atreve a morder cuando el dueño de casa ya no tiene las llaves del Palacio.

La entrega del inmueble a Dircabi funciona más como un trofeo de guerra para la actual administración que como una verdadera reparación del daño al Estado. En Bolivia, se ha instalado la peligrosa costumbre de que la legitimación de ganancias ilícitas solo es perseguible cuando el ciclo político termina. Si Rafael Arce hubiera seguido bajo la sombra de un padre con mando, ese inmueble de Obrajes seguiría siendo un refugio privado e intocable, lejos del alcance de los sellos rojos de Interpol.

Este caso deja al descubierto el cinismo de un sistema donde los fiscales primero consultan el calendario electoral y luego el Código Penal. El hecho de que el sindicado haya sido declarado rebelde y lograra huir del país antes de ser capturado, demuestra que la justicia siempre llega con un retraso calculado. Se permite la fuga, se espera el cambio de mando y luego se procede al espectáculo del secuestro de bienes para alimentar los titulares de la tarde.

Desde la otra acera, la pregunta que incomoda al poder judicial es: ¿Cuántas otras fortunas similares se están gestando hoy mismo bajo el silencio de la Fiscalía? El caso de Rafael Arce no es una excepción, sino el manual de cómo opera la "justicia del vencedor". Se golpea al caído para demostrar una eficiencia que estuvo ausente durante años de impunidad familiar, convirtiendo el derecho penal en una herramienta de limpieza de restos del gobierno anterior.

El sello rojo de Interpol, activado recientemente, llega cuando el rastro de Arce Mosqueira ya se ha enfriado en el exterior. La celeridad para incautar ladrillos en Obrajes contrasta con la lentitud para prevenir la huida de un ciudadano que nunca pudo justificar su nivel de vida frente al fisco. Al final, el secuestro de la mansión es la prueba de que en Bolivia el patrimonio de los hijos del poder tiene fecha de vencimiento, marcada estrictamente por la vigencia política del padre.

El Dato de Cierre: Que la justicia encuentre los bienes de un prófugo justo cuando su apellido ya no compra inmunidad, no es una victoria de la ley; es la confirmación de que en Bolivia los fiscales no persiguen al delito, persiguen al calendario.