El gobierno anula la licitación de Bs 700.000 para monitorear las redes con IA

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En una maniobra de control de daños ante el escándalo que estalló en las plataformas digitales, el Ministerio de la Presidencia decidió dar marcha atrás y anular la licitación para el "Servicio de Monitoreo de Redes Sociales y Plataformas Digitales". La vocera presidencial, Carla Faval, confirmó que el proceso ya no se encuentra vigente, apenas seis días después de que el Ejecutivo lanzara la convocatoria. La decisión evidencia que el impacto de intentar vigilar la opinión pública resultó políticamente inasumible frente al presupuesto de Bs 696.000 que se pretendía adjudicar.

La licitación, publicada originalmente el pasado 19 de febrero de 2026, buscaba dotar al Gobierno de una herramienta avanzada de Inteligencia Artificial (IA) y Big Data. El objetivo central era procesar en tiempo real la percepción ciudadana en Facebook, X, TikTok y YouTube, además de foros y medios digitales. Bajo la premisa de una supuesta "escucha social", el Ejecutivo pretendía medir el pulso de la indignación popular mediante algoritmos, en lugar de atender con medidas económicas la crisis de los carburantes y la falta de divisas que asfixia al país.

Bajo la lente de la Mesa de Análisis, el intento de adjudicar este contrato revela una desconexión total con la realidad y un cinismo administrativo alarmante. Intentar comprar un "espejo digital" por casi tres cuartos de millón de bolivianos —monto que podría aliviar urgencias inmediatas en sectores productivos— mientras el ciudadano hace filas en los surtidores, es una provocación que el Gobierno no pudo sostener. La anulación del proceso no es un acto de austeridad, sino la retirada estratégica de quien ha sido descubierto intentando montar un aparato de vigilancia en el momento de mayor vulnerabilidad económica.

Sin embargo, desde la otra acera, el hecho de que el Ejecutivo haya dado el paso inicial de publicar la licitación demuestra su obsesión por el control del relato. La herramienta debía servir para identificar tendencias y "neutralizar" narrativas adversas mediante el análisis masivo de datos. Esta priorización del monitoreo confirma que en el Palacio importa más cómo se percibe la crisis que la gestión técnica de la misma, intentando blindar la imagen gubernamental con tecnología de punta pagada por el mismo contribuyente que hoy sufre la inflación.

Para la opinión pública, la anulación de este contrato representa una victoria directa de la fiscalización ciudadana, que logró exponer el gasto superfluo en menos de una semana. La retirada de la licitación confirma que, cuando la presión social aprieta, el Palacio prefiere apagar los monitores antes que seguir alimentando la narrativa de un gasto público desmedido. No obstante, queda la duda de si este trabajo de seguimiento digital se seguirá realizando de forma interna o mediante partidas presupuestarias menos visibles y fuera del escrutinio público.

La vocera Carla Faval evitó dar explicaciones técnicas sobre el repentino retiro del proceso, limitándose a señalar que se irán "exteriorizando las políticas en agenda". Esta opacidad sugiere que el Gobierno ha reconocido que no hay algoritmo capaz de mejorar una imagen deteriorada por la realidad de las calles. El descarte de la IA es la confesión de que la crisis de los carburantes no se resuelve con reportes de tendencias, sino con la provisión efectiva de energía, un tema donde el software de Big Data no tiene ninguna utilidad práctica.

El Gobierno ha perdido su "ojo digital" de manera estrepitosa, demostrando que en la Bolivia actual, la realidad del mercado siempre será más poderosa que cualquier intento de control algorítmico financiado con fondos públicos.

El Dato de Cierre: El Gobierno intentó comprar un cerebro artificial para entender al pueblo, pero se olvidó de que el pueblo ya no tiene presupuesto para experimentos digitales; la licitación se cayó, pero el intento de vigilancia quedó registrado.