Vehículos dañados: Hay plata para los sindicatos aliados, para usted solo un formulario

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La reciente activación del Sistema de Registro de Eventos de Combustible (SREC) por parte de YPFB ha formalizado lo que era un secreto a voces: el Estado admite que distribuyó gasolina de mala calidad, pero ha diseñado un sistema de compensación con ciudadanos de primera y de segunda. Mientras el Ejecutivo sella acuerdos de reembolso inmediato con los sindicatos de transporte que amenazan con bloqueos, el ciudadano particular es derivado a una plataforma digital cargada de burocracia. Se trata de una justicia mecánica selectiva que busca comprar la paz de los gremios a costa del silencio de la clase media.

Bajo la lente de la Mesa de Análisis, el contraste de las últimas 48 horas es indignante. El Ministerio de Hidrocarburos ha garantizado mecanismos de pago directo para el transporte libre y federado, pero para el resto del parque automotor el proceso es un calvario de requisitos. Al exigir RUAT, SOAT, facturas de taller e informes técnicos a través de una aplicación de WhatsApp, el Gobierno apuesta al cansancio del usuario común, quien termina asumiendo el costo de las reparaciones para no perder días de trabajo esperando una respuesta que no llega.

Sin embargo, desde la otra acera, la confesión de YPFB sobre la presencia de residuos técnicos en los tanques de almacenamiento es la prueba de una negligencia que hoy sale cara. Mientras el Palacio se distrae con proyectos de inteligencia artificial para monitorear críticas en redes sociales, los inyectores y bombas de combustible de miles de bolivianos se están fundiendo por un producto fuera de norma. La desconexión del Ejecutivo es tal, que prefiere indemnizar selectivamente antes que garantizar que los carburantes que ingresan al país cumplan con los estándares mínimos de seguridad mecánica.

La molestia ciudadana ha pasado de los surtidores a los talleres, donde las facturas por limpieza de sistemas de combustión ya son parte del gasto familiar imprevisto. El Gobierno de Rodrigo Paz ha decidido que su prioridad es desactivar los paros del transporte pesado, dejando al profesional, al comerciante y al padre de familia en un estado de indefensión total. Es un modelo de gestión que solo reacciona ante la presión del bloqueo, castigando al contribuyente que cumple las reglas pero no tiene un sindicato que lo defienda.

Esta política de resarcimiento "bajo presión" establece un precedente peligroso para la democracia boliviana: el Estado solo reconoce sus errores ante quienes tienen la capacidad de asfixiar la economía. Para el ciudadano de a pie, la admisión de que la gasolina estaba contaminada con "goma y magnesio" no viene acompañada de un cheque, sino de una palmadita en la espalda y un formulario digital infinito. La discriminación es clara: hay fondos para la paz sindical, pero solo promesas para el bienestar del motor del ciudadano honesto.

La retórica oficial intenta vender el SREC como un avance en transparencia, pero en la práctica es un muro de contención para evitar una demanda colectiva nacional. Al tratar los casos de forma individual y burocrática, el Ejecutivo fragmenta la protesta social. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) intensifica operativos de "concientización" en lugar de clausurar las fuentes de contaminación que ella misma debió supervisar, dejando al descubierto una crisis de fiscalización que hoy le cuesta millones al bolsillo privado.

Al cerrar este análisis, queda claro que la crisis de los carburantes ha desnudado la verdadera cara del poder: un Estado que paga por el silencio y cobra por la ineficiencia. Rodrigo Paz hereda un parque automotor herido y una confianza ciudadana quebrada. Mientras los micros y camiones vuelven a las calles con motores reparados por el Estado, el ciudadano particular sigue escuchando el "tecleo" de su motor fundido, recordando que en este país, para que el Gobierno te escuche, primero tienes que aprender a bloquear.

El Dato de Cierre: El SREC es la oficina de quejas de un Estado que envenenó los motores del país; una plataforma diseñada para que el ciudadano se canse antes de cobrar.