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- 2026-02-28
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El escenario del siniestro del Hércules C-130 en El Alto se transformó en un campo de batalla donde la prioridad no fue salvar vidas, sino el saqueo sistemático. Mientras los cuerpos de rescate intentaban extraer a los sobrevivientes entre los fierros retorcidos, grupos de civiles rebasaron los cordones de seguridad, priorizando la rapiña sobre la tragedia humana que enlutaba al país.
La situación, analizada bajo la lupa de La Mesa de Análisis, revela una fractura ética profunda en sectores que, lejos de solidarizarse, vieron en la muerte una oportunidad de lucro. El despliegue de 600 efectivos militares y policiales resultó insuficiente ante una turba que no dudó en emplear la violencia para asegurar su botín de los restos de la aeronave.
El desarrollo del conflicto alcanzó su punto más crítico cuando las ambulancias que transportaban a los heridos hacia centros médicos fueron interceptadas y apedreadas. Los paramédicos denunciaron que el pillaje no se limitó a la carga del avión, sino que se intentó despojar de sus pertenencias personales a las propias víctimas del accidente en plena agonía.
Desde la otra acera, algunos dirigentes vecinales intentaron justificar el caos como una reacción a la desconfianza histórica hacia las fuerzas del orden, aunque las imágenes de personas huyendo con paquetes contradicen cualquier narrativa de protesta social. La fiscalía ha confirmado que los ataques con piedras impidieron que al menos tres heridos críticos llegaran a tiempo a quirófano.
La Policía Boliviana reportó la aprehensión de 12 sujetos capturados en flagrancia, quienes lideraban los enfrentamientos con objetos contundentes. El uso de agentes químicos fue la única vía para dispersar a los saqueadores que, incluso bajo la lluvia de gas, intentaban retornar a la zona de impacto para continuar con el saqueo de la nave.
Testigos en el lugar relataron cómo la miseria humana se impuso cuando se escucharon detonaciones de petardos para convocar a más personas al sitio del desastre. Los rescatistas de Bomberos tuvieron que formar cadenas humanas para proteger las camillas, mientras recibían insultos y proyectiles de una multitud enardecida por la ambición.
La incapacidad del Estado para establecer un perímetro de exclusión efectivo en los primeros 30 minutos fue determinante para el desborde. La falta de protocolos de contención de masas en zonas críticas permitió que el área de la tragedia fuera contaminada, dificultando las pericias técnicas necesarias para determinar por qué cayó el FAB-81.
El personal de salud de los hospitales Corea y del Norte manifestó su indignación por los daños sufridos en las unidades de emergencia. "No nos dejaron pasar, querían revisar qué llevábamos", declaró un conductor de ambulancia que fue rodeado por la turba mientras trasladaba a un oficial de la FAB en estado crítico.
Este episodio deja una mancha imborrable en la sociedad alteña, evidenciando que el respeto por la vida ha sido desplazado por un instinto de rapiña descontrolado. La confrontación directa entre civiles y uniformados dejó un saldo adicional de policías heridos, sumando caos a una jornada que ya era de por sí catastrófica.
La justicia ahora enfrenta el reto de procesar a los detenidos no solo por robo, sino por el atentado contra la salud y la vida al obstaculizar los servicios de emergencia. El silencio de las autoridades locales ante estos actos de barbarie solo profundiza la sensación de impunidad en una ciudad que hoy despierta con el peso de la vergüenza.
El Dato de Cierre: La Fiscalía imputará a los 12 detenidos por los delitos de robo agravado, destrucción de bienes del Estado y atentado contra los servicios públicos, solicitando la detención preventiva en el penal de San Pedro y Chonchocoro.
