Justicia pone freno a la narrativa del boicot y pide evidencias sobre la gasolina de mala calidad

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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, puso este viernes una condición innegociable al Gobierno de Rodrigo Paz para investigar las denuncias de sabotaje en YPFB: la presentación de pruebas fehacientes. Tras las constantes declaraciones oficiales que atribuyen la mala calidad de la gasolina a un boicot interno, la Fiscalía advirtió que no iniciará procesos de oficio basados únicamente en discursos políticos.

Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, esta postura del Ministerio Público marca una distancia crítica frente a la estrategia del Ejecutivo, que intenta desplazar la responsabilidad de la crisis de los carburantes hacia la gestión pasada. Mariaca recordó que cada departamento cuenta con unidades de análisis encargadas de admitir, observar o desestimar denuncias, dependiendo del rigor de las evidencias presentadas por los denunciantes.

El presidente Rodrigo Paz ha sostenido desde el 7 de febrero que existe un "sabotaje" estructural, argumentando que un Estado de 20 años no se transforma en corto plazo. El mandatario incluso aseguró haber identificado a los responsables de la "gasolina desestabilizada", pero hasta la fecha, el Ministerio Público no ha recibido los nombres ni los nexos técnicos que sustenten tales acusaciones de carácter público o privado.

Desde la otra acera, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, intentó validar la tesis del boicot exhibiendo dos cartas enviadas en septiembre del año pasado. En dichas misivas, dirigidas a las exautoridades de YPFB y la ANH, se alertaba sobre problemas mecánicos en vehículos debido a sustancias controladas o aditivos deficientes, sugiriendo que el gobierno anterior conocía el daño y no actuó.

Sin embargo, para el fiscal Mariaca, estas comunicaciones administrativas podrían no ser suficientes para configurar un delito penal de sabotaje si no se demuestra el dolo o la intención de dañar el patrimonio estatal. La incapacidad oficial para judicializar estas pruebas mantiene al país en una incertidumbre jurídica, mientras el ciudadano paceño sigue pagando el costo de un combustible que arruina sus motores.

La pulseada entre el Palacio y la Fiscalía General ocurre en un momento de máxima tensión, con plantas estratégicas militarizadas y una población que exige soluciones técnicas, no culpas cruzadas. Mariaca fue enfático al señalar que, si el Gobierno ha manifestado que existe un sabotaje, "tendrán pues que demostrarlo" para que la justicia actúe bajo los marcos legales vigentes en el país.

El desenlace de esta crisis informativa dependerá de la capacidad del equipo jurídico de Paz para transformar sus denuncias mediáticas en expedientes judiciales sólidos. Mientras tanto, la narrativa del boicot queda bajo sospecha de ser un escudo político ante la imposibilidad de garantizar la calidad y el suministro de carburantes en todo el territorio nacional, dejando la pelota en la cancha del Ministerio de Hidrocarburos.

El Dato de Cierre: El fiscal Mariaca desestima la retórica oficial y exige pruebas reales para investigar el "sabotaje" que el Gobierno usa como explicación a la crisis de YPFB.