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- 2026-03-09
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La aprehensión de la exdirectora del Fondo Indígena (Fondioc), Elvira Parra, este lunes, ha reabierto la herida más profunda de la corrupción estatal en Bolivia. Lejos de asumir una defensa técnica, Parra disparó contra el núcleo de poder que manejó la institución, señalando que Nemesia Achacollo, Lidia Patty y Felipa Huanca constituían un equipo compacto que decidía el destino de los recursos.
Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, estas declaraciones no son simples quejas de una detenida, sino la confirmación de un manejo discrecional y corporativo de los bienes del Estado. El esquema revelado sugiere que el Fondioc no funcionaba bajo criterios de desarrollo rural, sino como una estructura de reparto donde la lealtad política se pagaba con desembolsos directos a cuentas personales.
Elvira Parra fue contundente al señalar que Lidia Patty debe explicar el destino final del dinero recibido, subrayando que "nadie le obligó" a solicitar los recursos. Según la exdirectora, la responsabilidad es compartida por quienes autorizaron y quienes ejecutaron, rompiendo así el mito de que los proyectos de "tomate y miel" eran iniciativas aisladas de base.
Desde la otra acera, la defensa de Patty y los sectores afines al oficialismo intentan reducir el caso a una persecución política o a errores de gestión. Sin embargo, la investigación judicial arroja datos fríos: la exdiputada habría recibido cerca de 700.000 bolivianos para un proyecto de hortalizas y otros 650.000 bolivianos para producción apícola, dinero que ingresó directamente a su patrimonio.
La tragedia de Parra también pone en evidencia la crisis del sistema judicial, con 180 procesos abiertos en su contra por el mismo caso. Esta fragmentación de la causa parece diseñada para mantener a los eslabones más débiles en un ciclo infinito de detenciones, mientras las cabezas visibles del "equipo" del Fondo Indígena entran y salen de la escena política.
La exlegisladora Lidia Patty ya cumple detención preventiva, pero el foco ahora se traslada a la jerarquía de mando. Si Parra sostiene que Achacollo aprobó y autorizó cada movimiento, la justicia boliviana se enfrenta nuevamente al reto de procesar a quienes firmaron los cheques de un desfalco que dejó al agro boliviano en la miseria.
El contexto de los proyectos para tomate, papa y miel es el ejemplo perfecto del "proyecto fantasma": planes que nacían en el papel con el único fin de drenar fondos públicos. La discrecionalidad fue tal que, durante años, el control social fue reemplazado por la complicidad militante entre las directoras y las beneficiarias del entorno íntimo del poder.
La Defensoría del Pueblo ha observado en el pasado la situación de Parra por lo que consideran una "persecución sobredimensionada", habiendo pasado ya ocho años en prisión. No obstante, su nueva aprehensión demuestra que el Estado no tiene intención de cerrar el caso hasta que la presión social obligue a mirar hacia los niveles más altos de la estructura.
El abogado de Parra, Vladimir Gonzales, lamentó que su cliente vuelva a celdas policiales tras una lucha de años por la detención domiciliaria. El drama humano de la exdirectora se mezcla con la indignación nacional de un país que ve cómo millones de bolivianos destinados a los más pobres terminaron financiando el ascenso de figuras políticas.
El cierre de esta nueva etapa del escándalo Fondioc promete ser un terremoto interno para el oficialismo. La confesión de Parra sobre el "equipo" de las tres poderosas pone en jaque la narrativa de transparencia y obliga a la Fiscalía a dejar de mirar el "tomate" para empezar a investigar la red de complicidad que saqueó al Estado.
El Dato de Cierre: Lidia Patty es investigada por recibir más de 1.3 millones de bolivianos en sus cuentas personales para proyectos que hoy están bajo sospecha de ser inexistentes.
