Acto de omisión: ¿Quién ordenó retirar la custodia de la mansión de Marset?

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El reciente saqueo a una de las quintas de Sebastián Marset en Santa Cruz no es un hecho delictivo común, sino una operación que expone la fragilidad deliberada del sistema judicial boliviano. Lo que el Gobierno intenta calificar como obra de "personas inescrupulosas" se perfila, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, como una omisión estratégica diseñada para fracturar la seguridad del caso. Dejar el inmueble del hombre más buscado del continente sin vigilancia no es un error de comunicación, sino un "regalo" procesal que beneficia directamente a la defensa del uruguayo.

La guerra de culpas entre la Policía Boliviana y el Ministerio Público ha sacado a la luz decisiones inexplicables. El comandante Erick Holguín denunció que la fiscal asignada no solo impidió el ingreso inicial de los uniformados a la propiedad, sino que posteriormente ordenó retirar la custodia policial del inmueble. Este acto de "liberar la zona" permitió que desconocidos ingresaran a placer en una propiedad que, por su valor estratégico, debió ser el lugar más resguardado del país durante la última semana.

Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, la responsabilidad mayor recae sobre la Fiscalía, ente encargado de garantizar la cadena de custodia. Al tener el mando jurisdiccional, es la única instancia que firma el destino de un inmueble secuestrado; sin esa orden de resguardo, la policía se ve impedida de mantener personal permanente. Se creó un vacío administrativo que fue aprovechado para vaciar la quinta de evidencias físicas que podrían ser vitales para el juicio internacional que enfrenta el sospechoso.

La Policía Boliviana tampoco queda exenta por su pasividad operativa. Si bien Holguín se escuda en la falta de instrucción fiscal, el "deber de oficio" ante un objetivo de seguridad nacional dictaba mantener al menos un patrullaje preventivo. Al retirarse por completo, los uniformados facilitaron la contaminación de la escena, un vicio legal que en tribunales extranjeros es causal de nulidad. Este "pacto de silencio" institucional ha regalado a la defensa la narrativa perfecta de la inseguridad jurídica en Bolivia.

Desde la otra acera, el entorno de Marset en Estados Unidos observa este caos con beneplácito. Para su consorcio de abogados en Virginia, el saqueo es la prueba de que el Estado boliviano no ofrece garantías. Si logran demostrar que la escena fue vulnerada bajo la mirada de las autoridades, cualquier evidencia física extraída de ese lugar perderá valor probatorio ante un juez federal, alegando que las pruebas pudieron ser sembradas o alteradas tras el retiro de los precintos.

El show de la "recuperación de objetos" es una maniobra de distracción para la opinión pública. Mientras la policía muestra televisores y muebles recuperados, el verdadero daño es la desaparición de documentación física y dispositivos que no fueron recolectados en el primer allanamiento. El saqueo funcionó como una "quema de archivos" física que la justicia permitió al dejar la puerta abierta, protegiendo indirectamente a los cómplices que el uruguayo dejó en las estructuras de poder locales.

La confirmación de que ciertos aparatos electrónicos ya están en manos de agencias internacionales le da un giro irónico al escándalo. Si el software ya está bajo resguardo, el saqueo de la quinta apunta a proteger los vínculos físicos y presenciales. Al desaparecer lo que había dentro de la mansión, se borran las huellas de quiénes frecuentaban el lugar, cerrando un círculo de protección que comenzó con la polémica "expulsión exprés" y continúa hoy con la desprotección de sus bienes.

Este escenario revela una fractura institucional que huele a complicidad sistémica. La falta de coordinación entre Holguín y la Fiscalía no es un problema de logística, sino de voluntad política para blindar la investigación. Al no existir un responsable que asuma la culpa del retiro de la custodia, Bolivia se presenta ante la región como un socio poco confiable en el Caso Maletas, incapaz de cuidar el jardín de su principal sospechoso sin que este sea "saqueado".

El cinismo de las autoridades al declarar que los ladrones fueron "identificados" rápidamente refuerza la tesis de la extracción selectiva. Si los saqueadores fueran delincuentes comunes, no habrían tenido la audacia de entrar a la propiedad más vigilada mediáticamente del país. Lo que ocurrió fue una operación ejecutada en el momento exacto en que el Estado decidió mirar hacia otro lado, una coincidencia que desafía cualquier lógica de seguridad ciudadana básica.

Finalmente, la quinta vacía es la metáfora de la justicia en el país: un cascarón que ha sido despojado de sustancia por quienes debían protegerla. Mientras en el exterior se pelea por la libertad del Rey del Sur, en casa se pelea por ver quién dejó la llave puesta. Marset sigue ganando el pulso desde la distancia, utilizando la burocracia boliviana como su mejor aliado para asegurar que el caso muera por errores de forma y falta de custodia.

La ruptura de los precintos de seguridad en la quinta de Marset podría anular automáticamente la validez de cualquier peritaje posterior sobre evidencias físicas en el inmueble.