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- 2026-03-18
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La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha puesto al Ministro de Gobierno Antonio Oviedo bajo un cerco de fiscalización al oficializar un pedido de informe escrito sobre el operativo de captura de Sebastián Marset. El requerimiento exige transparencia absoluta tras confirmarse que el uruguayo ya purga condena en una cárcel de máxima seguridad en EE. UU.
Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, este movimiento parlamentario busca desarticular la narrativa oficial de un operativo "impecable". La mira de los legisladores apunta a las posibles omisiones o nexos que permitieron que el hombre más buscado de la región fuera custodiado en territorio boliviano antes de su salida definitiva.
El centro de la fiscalización radica en los informes de inteligencia que, supuestamente, no detectaron la vida de magnate que Marset llevaba en Santa Cruz. La ALP exige que el Ministro explique por qué el aparato de seguridad del Estado pareció ciego y sordo ante la presencia de un criminal con sello rojo internacional.
El pliego de preguntas es punzante: pide nombres, rangos y cronologías exactas del despliegue policial que culminó con la captura del uruguayo. Para la comisión fiscalizadora, es imperativo determinar si el operativo fue un éxito real o una entrega pactada para evitar revelaciones incómodas en suelo nacional.
Desde la otra acera, el Ministerio de Gobierno ha intentado blindar la gestión calificando el operativo como un hito histórico en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la presión política aumenta a medida que surgen dudas sobre la facilidad con la que Marset se movía en las altas esferas cruceñas antes de caer.
La reclusión del implicado en una prisión federal de Estados Unidos añade una urgencia crítica a este informe, ante el temor de que el "ventilador" se encienda en cortes extranjeras. La ALP busca adelantarse a cualquier confesión que pueda dejar en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad bolivianas.
El país aguarda que esta fiscalización no termine en un cajonazo administrativo, dado el impacto global del caso. El Ministro de Gobierno se enfrenta a un examen donde el silencio o las respuestas evasivas solo alimentarán la sospecha de una protección sistémica que hoy está siendo cuestionada desde el primer poder del Estado.
El Dato de Cierre: La ALP no descarta una interpelación formal si las respuestas del Ministro de Gobierno no aclaran los vínculos locales de Marset.
