Transportistas y exmandatarios exigen resarcimiento por vehículos dañados

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La crisis de los carburantes en Bolivia ha cruzado una línea crítica: del desabastecimiento se ha pasado al daño directo del patrimonio privado. El transporte pesado ha lanzado un ultimátum de 48 horas al Gobierno exigiendo un resarcimiento económico por los motores arruinados, una demanda que ahora encuentra un eco inesperado en las voces de tres expresidentes del Estado.

El malestar social escala hacia una movilización nacional, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, que observa cómo la mala calidad del combustible importado ha dejado de ser una sospecha técnica para convertirse en una evidencia mecánica. Ya no solo son los camiones de alto tonelaje; ahora los vehículos particulares de figuras públicas también son víctimas de la mezcla deficiente.

El expresidente Jorge "Tuto" Quiroga fue tajante al denunciar que su vehículo modelo 99 quedó paralizado por la mala calidad de los carburantes. A esta protesta se sumaron los ex-mandatarios Eduardo Rodríguez Veltzé y Carlos Mesa, configurando un frente de denuncia que expone la precariedad técnica con la que el Estado está manejando la energía del país.

Por su parte, la dirigencia del transporte pesado advirtió que, de no recibir una respuesta concreta sobre la reparación de sus unidades, las carreteras del país serán bloqueadas. Los transportistas aseguran que el costo de reparar un motor afectado por combustible adulterado es inalcanzable para el sector en medio de la actual inflación de repuestos.

La administración estatal se encuentra contra la pared, intentando negar una realidad que se evidencia en los talleres mecánicos de todo el país. Mientras el Gobierno intenta calmar las aguas con promesas de normalización, el daño mecánico ya es irreversible para miles de propietarios que ven cómo sus herramientas de trabajo se destruyen desde adentro.

El conflicto amenaza con paralizar el aparato productivo si el ultimátum de las 48 horas se cumple. La combinación de transportistas indignados y expresidentes denunciantes ha sacado el debate de los despachos oficiales para llevarlo a la calle, donde el ciudadano de a pie teme que su propio motor sea la próxima víctima de la "gasolina negra".

La resolución de esta crisis técnica definirá la estabilidad de las próximas semanas. El Estado no solo debe garantizar el flujo de los carburantes, sino ahora también la calidad de los mismos, en un escenario donde la confianza del consumidor y del transportista se ha evaporado tan rápido como el propio combustible en los surtidores.

El Dato de Cierre: El transporte pesado estima que los daños por el uso de carburantes de mala calidad superan los miles de dólares por unidad, lo que convierte esta demanda de resarcimiento en un conflicto económico de dimensiones incalculables para el Tesoro General.