Gasolina desestabilizada: Más de 10.000 demandas perfilan un desembolso de Bs 10 millones de YPFB

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se enfrenta a una crisis económica y operativa sin precedentes tras admitir la distribución de gasolina desestabilizada en el mercado interno. La estatal petrolera ya gestionó el pago de Bs 1 millón para los primeros 1.000 afectados, pero la cifra es apenas el inicio de una escalada financiera que amenaza con dispararse ante el volumen real de damnificados.

Esta situación, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, revela una vulnerabilidad crítica en el control de calidad de los carburantes importados y distribuidos en el país. Con más de 10.000 demandas proyectadas por conductores cuyos vehículos sufrieron daños en inyectores y bombas de combustible, la sumatoria final de reparaciones alcanzaría los Bs 10.000.000, una cifra que la estatal intenta contener mediante filtros burocráticos.

Ante la presión social, YPFB anunció que el resarcimiento económico comenzará a pagarse en ventanillas a partir de este miércoles, buscando agilizar un proceso que ha sido calificado como lento por los transportistas. Sin embargo, la medida parece insuficiente para aplacar el malestar de un sector que se siente engañado por la calidad del producto recibido en los surtidores.

En La Paz, los choferes ya han anunciado un paro movilizado para este miércoles, exigiendo que la compensación sea total y no se limite a un grupo reducido de beneficiarios. El sector transporte advierte que el daño a sus herramientas de trabajo es masivo y que no aceptarán soluciones a medias que dejen fuera a miles de conductores afectados por la gasolina en mal estado.

La implementación del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) ha sido el mecanismo elegido por la estatal para validar los daños, pero los conductores denuncian que las exigencias técnicas son excesivas. Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, este sistema actúa como un embudo financiero para reducir el impacto económico directo sobre las cuentas de la empresa estatal.

El costo de este error técnico no solo se mide en el millón de bolivianos ya desembolsado, sino en la pérdida de confianza hacia la calidad de los carburantes que circulan en el territorio nacional. La admisión de culpa por parte de YPFB, al iniciar los pagos, sienta un precedente judicial que obliga a la empresa a responder por cada motor dañado en el país.

La logística de YPFB ahora debe lidiar no solo con el suministro, sino con la gestión de peritos y aseguradoras para evitar un colapso mayor. Mientras tanto, la amenaza de paralización de servicios en la sede de gobierno pone en jaque la estabilidad social, en un momento donde el abastecimiento de energía es el tema más sensible de la agenda pública.

El Gobierno intenta proyectar una imagen de "transparencia institucional" con estos pagos, pero la realidad en las calles es de indignación y desconfianza. Los Bs 10 millones que proyecta el sector afectado representan una herida profunda en la gestión de hidrocarburos, donde el ahorro en la compra de insumos terminó resultando en la factura más cara de la historia.

La jornada de este miércoles será decisiva para medir la capacidad de YPFB de desactivar el conflicto mediante los pagos directos en ventanilla. Si el flujo de dinero no satisface la demanda masiva de los 10.000 afectados, el paro de transporte podría extenderse a otras regiones, complicando aún más la distribución de bienes y servicios básicos.

El Dato de Cierre: YPFB ha habilitado líneas de WhatsApp y centros de atención al usuario, pero la dirigencia del transporte asegura que las demandas superan ampliamente la capacidad de respuesta de la estatal petrolera, perfilando un conflicto de largo aliento.