Recortes en publicidad y viajes darán Bs 1.000 millones a salud, educación y seguridad

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El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunció una reingeniería profunda del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026. La medida central es la inyección de más de 1.000 millones de bolivianos adicionales destinados exclusivamente a los sectores de salud, educación y seguridad.

Esta modificación presupuestaria, que se encuentra bajo la lupa de La Mesa de Análisis, busca corregir las distorsiones detectadas en el presupuesto heredado, donde se identificaron ingresos inflados y gastos corrientes desmedidos que asfixiaban la inversión social.

El ministro José Gabriel Espinoza explicó que estos recursos permitirán la creación inmediata de 6.900 nuevos ítems a nivel nacional. De este total, 3.000 cargos serán para el sector educativo, 2.400 para el sistema de salud y 1.500 destinados a fortalecer la seguridad ciudadana.

• SALUD: Se crean 2.400 nuevos ítems para médicos y enfermeras.

  EDUCACIÓN: 3.000 nuevos cargos para maestros a nivel nacional.

  SEGURIDAD: 1.500 nuevos efectivos para reforzar la vigilancia en las calles.

  EL RECORTE: Se quitan Bs 4.100 millones a la burocracia, pasajes y publicidad estatal.

• 📉 Déficit: Reducción del déficit fiscal del 15% proyectado al 9% real.

Para financiar este incremento en la inversión social, el Gobierno ejecutó un recorte drástico de 4.100 millones de bolivianos en gastos considerados "prescindibles". Se eliminaron partidas destinadas a publicidad estatal, viajes oficiales y viáticos del nivel central.

El análisis financiero detectó ingresos inexistentes por 15.000 millones de bolivianos y deudas no declaradas por 8.000 millones. Según Espinoza, la reformulación permite "sincerar" las cuentas del Estado para evitar un colapso financiero a mitad de gestión.

En el área de salud, los nuevos ítems buscan aliviar la saturación de los hospitales públicos, mientras que en educación se pretende cubrir el crecimiento vegetativo que fue ignorado en planificaciones anteriores.

La reforma también otorga mayor autonomía a los gobiernos subnacionales. Alcaldes y gobernadores podrán ejecutar sus transferencias de manera directa, eliminando plazos burocráticos que tardaban hasta 15 días en el Ministerio de Economía.

Finalmente, el Gobierno otorgó un plazo de 90 días a la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP) para evaluar la viabilidad de las estatales. Aquellas que no demuestren sostenibilidad técnica y financiera podrían ser cerradas definitivamente.

El Dato de Cierre: Con esta reforma, el déficit fiscal baja del 15% al 9% del PIB, marcando el ajuste más severo al gasto político en la historia reciente de Bolivia.