Denuncian a exmagistrados por millonario fallo irregular

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El director del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), Luis Ramiro Peña, formalizó una denuncia ante la Cámara de Diputados para iniciar un juicio de responsabilidades contra dos exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La acción legal apunta a María D. y Carlos E., acusados de emitir un fallo que favoreció de forma irregular a una empresa constructora con un monto de 2,5 millones de bolivianos.

Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, este caso revela una presunta estructura de favorecimiento judicial donde se ignoraron las normas de control gubernamental. El polémico Auto Supremo N° 155/2023 obligaba al Estado a pagar una cifra millonaria por supuestos trabajos de mantenimiento realizados en 2020, en plena pandemia, a pesar de que la empresa no presentó pruebas documentales que respaldaran tales gastos.

• ⚖️ JUICIO POLÍTICO: Acción contra exmagistrados María D. y Carlos E. ante el Legislativo.

• 💰 EL DESFALCO: Se autorizó el pago de Bs 2,5 millones sin respaldo documental.

• 🚧 OBRA CUESTIONADA: Pavimentación en Riberalta que no fue entregada correctamente.

• 😷 PANDEMIA: El cobro se justifica en gastos de 2020 cuando el país estaba paralizado.

La denuncia sostiene que los exmagistrados actuaron al margen del contrato original del proyecto de pavimentación en Riberalta, beneficiando a la Asociación Accidental “H&O”. Según el FPS, la contratista ni siquiera cumplió adecuadamente con la entrega de la obra, pero aun así recibió el respaldo del Tribunal Supremo para cobrar un dinero que pertenece a todos los bolivianos y que no tiene justificación técnica.

El proceso busca sentar un precedente histórico contra el uso de los altos cargos judiciales para favorecer intereses particulares en detrimento del Tesoro General. La Unidad de Asuntos Jurídicos del FPS advirtió que el fallo ignoró las etapas administrativas de reclamo, saltando directamente a una sentencia que ahora es calificada como un atentado contra los recursos públicos y la transparencia.

Este juicio de responsabilidades pone en jaque la integridad de las resoluciones emitidas por el TSJ y abre la puerta a una fiscalización más severa sobre los fallos que involucran recursos del Estado. La Cámara de Diputados deberá ahora evaluar las pruebas presentadas para determinar el grado de culpabilidad de las exautoridades en lo que se perfila como un escándalo de prevaricato.

El Dato de Cierre: El FPS asegura que el pago de 2,5 millones de bolivianos no cuenta con una sola factura o respaldo de mantenimiento que valide la salida de ese dinero estatal.

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