Justicia envía a San Pedro por seis meses al senador Nilton Condori acusado de instigación pública

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Por determinación de una autoridad jurisdiccional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el senador suplente Nilton Condori fue enviado este lunes con detención preventiva por un periodo de seis meses al penal de San Pedro. El Ministerio Público fundamentó la solicitud de privación de libertad dentro de la causa abierta por la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo.

La audiencia de medidas cautelares se desarrolló en dependencias del tribunal paceño, donde la representación fiscal expuso los riesgos procesales del imputado. Condori compareció ante el juez de la causa tras haber sido aprehendido por agentes policiales el pasado 18 de octubre en la ciudad de El Alto, momentos previstos para su participación en un ampliado de organizaciones sociales.

El origen de la acción penal se remonta a las declaraciones públicas vertidas por el legislador durante un encuentro sindical en el Trópico de Cochabamba. En dicha intervención, la autoridad legislativa convocó a realizar ejecuciones contra autoridades del Órgano Ejecutivo, lo que motivó la intervención de la justicia ordinaria.

📌 PUNTOS DE QUIEBRE DEL PROCESO JUDICIAL:

⚠️ MEDIDA EXCEPCIONAL: Seis meses de prisión preventiva en el centro penitenciario de San Pedro.

⚖️ TIPIFICACIÓN PENAL: Investigación abierta por instigación pública a delinquir y terrorismo.

💣 OPERATIVO POLICIAL: Aprehensión ejecutada el 18 de octubre en la urbe alteña.

📉 SITUACIÓN LEGISLATIVA: Suspensión de funciones parlamentarias por un periodo de ocho meses.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, las declaraciones formuladas por el imputado buscaban estructurar un plan de desestabilización contra el presidente Rodrigo Paz y la estructura constitucional. La denuncia formal que dio inicio a las investigaciones fue promovida por el diputado Manolo Rojas.

En el mismo expediente judicial figuran como denunciados el expresidente Evo Morales y otros dos dirigentes de la región del Trópico. Las investigaciones proseguirán durante el plazo fijado por el juez para acumular las pruebas testificales y periciales requeridas.

La determinación judicial sienta un precedente directo en la persecución penal de discursos que inciten a la violencia contra autoridades de Estado.