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A escasos 15 das de cumplirse treinta aos del establecimiento de la democracia en Bolivia y a seis aos y medio de haber iniciado un proceso de cambio, dizque dirigido a promover la inclusin palmaria entre todos los connacionales y el salto definitivo de la nacin hacia su desarrollo econmico, poltico y social, la teora de la perversidad nos vuelve a jugar una mala pasada y nos coloca en medio de la eterna pelea fratricida y frente al fantasma de la exclusin y la disgregacin de nuestra sociedad.
Es el caso del reciente conflicto minero ocasionado por el enfrentamiento entre aquellos adscritos a la Federacin Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que operan yacimientos pertenecientes a COMIBOL y cooperativistas mineros que se agruparon en torno a minas abandonadas y/o que ya fueron explotadas por dicha corporacin o por empresas privadas, especialmente a la cada de los precios de los minerales ocurrida en el ao 1985 y que dio origen a la famosa relocalizacin decretada por el gobierno de Victor Paz Estenssoro.
Este sector, carente de tecnologa y mecanizacin, difcilmente puede realizar una operacin racional, pues al no contar con asistencia tcnica, ni personal especializado que los oriente, est condenado a no conseguir financiamiento para maquinaria y equipo y de esa manera se limita a extraer de las minas lo que se presenta ms valioso, dejando los residuos incluso minerales, como es el caso de Colquiri, donde extraen el estao y dejan el Zinc. Es ms, las cosas cambiaron con la ley 3720, de 31-07-2007, dictada por este gobierno, que restituye las competencias a la COMIBOL, instruyndole a participar en todos los eslabones de la cadena minera, generando un conflicto de intereses pues, COMIBOL ya no puede apoyar a las cooperativas al no permitrsele destinar recursos del Estado en apoyo a emprendimientos privados.
La coyuntura por la que atraviesan los pases consumidores de nuestras materias primas ha disparado los precios a niveles exuberantes, generando una bonanza nunca vista en nuestros aos de vida republicana. Empero, en lugar de hacernos ms productivos; ms competitivos y menos dependientes de polticas extractivas, nos hemos sumido en una espiral de violencia prxima a una guerra civil. De ah que es menester la urgente aprobacin de una nueva ley minera que, al margen de brindar una verdadera seguridad jurdica en el sector, permita que el Estado, ya no la COMIBOL, apoye a las cooperativas mineras en los tres campos de la explotacin y se abstenga de dar soluciones salomnicas como aquella de entregar la veta Rosario a ambos litigantes, inventando el matrimonio con dos mujeres en una misma casa.
Lo curioso de este asunto es que, en medio del entripado suscitado por los sindicalistas y cooperativistas, con muertos y heridos de por medio, S.E. y el Vice hayan decidido hacer mutis por el foro y dejar ambos la conduccin de la nave del Estado al mando de la azafata, al igual que en la clebre pelcula del gnero cmico de los aos 80, titulada Y dnde est el piloto?
