No, no es la Palma sola a la que cant Nicols Guillen, aquella que Con su largo cuerpo... va libre por el viento, libre y sola, suelta y sola... No, no es ella, sino Palmasola, la crcel de Santa Cruz de la Sierra.
Ah nadie va libre por el viento, aunque es lo ms parecido a un villorrio, en la periferia de la ciudad, con varios pabellones de rgimen abierto, aunque hay otros cerrados para presos de alta peligrosidad. Como en todas las crceles, ah se respira la privacin de libertad. En muchos casos, sin que algunas personas hayan cometido delito alguno, lo que supone un castigo mayor.
Entrar a Palmasola, como familiar o visitante, es someterse a un abuso: marcan el brazo con sellos de la polica, como si la gente fuera ganado, lo que recuerda a otros brutales extremos conocidos en la historia. Sellan a la entrada y vuelven a sellar en cada pabelln que se visita. Es para controlar las visitas, dicen los carceleros, y ni se inmutan por el arcaico sistema utilizado, en vez de sellar un papel para lucirlo en el pecho, a falta de control electrnico.
Abuso en estado de total indefensin el de mi brazo sellado una y otra vez, pero de poca monta, pues qued limpio con agua, jabn y cepillo, frente a los abusos cometidos contra los 39 acusados del complot terrorismo-separatismo orquestado por el centralismo andino contra la dirigencia cvico-poltica de Santa Cruz. De aquellos 39, estn presos en el pas 19 y el resto en el exilio.
Violando el principio de territorialidad y del juez natural, si aqu se produjeron los supuestos hechos delictivos, el proceso se sustanci en La Paz. Por razones de salud de varios de los acusados, las audiencias conclusivas se trasladaron a Cochabamba, primero, luego a Tarija y, finalmente, a esta ciudad, con el mismo tribunal paceo. Los presos iban y venan desde las alturas a la llanura hasta que por rdenes superiores han sido confinados en Palmasola, sin previo aviso y sin sus pertenencias. Segn informes de prensa, las celdas que habitaban en La Paz han sido objeto de requisas en busca de indicios. Sin lugar a dudas, habr extravos y prdidas de aquellas pertenencias. A esos presos les hicimos una visita solidaria en Palmasola.
La trama anticrucea se conoce tambin como el caso Rzsa-Sosa, en alusin al hngaro-boliviano Eduardo Rzsa Flores, ejecutado extra judicialmente el 16 de abril de 2009, en un hotel de esta ciudad, y al fiscal asignado al caso, Marcelo Sosa. Inseparables nombres el de Rzsa, infiltrado a las filas autonomistas por el gobierno, y el del fiscal Sosa. Con esa dupla, Evo Morales y sus hombres han escrito una de las ms atroces historias de violacin al Estado de Derecho, al debido proceso, al juez natural, a la presuncin de inocencia y a los derechos humanos de los acusados en Bolivia.
Es ms, el gobierno modific el cdigo penal para incorporar la figuras de terrorismo y separatismo en l, antes no contempladas, con penas de hasta 20 aos. Nada dejaron al azar los autores intelectuales del caso: la intencin era sentar un precedente en la regin rebelde y autonomista, frente al proyecto de poder autoritario, centralista, antidemocrtico, de suyo dictatorial de Morales y sus hombres, algunos de ellos declarados jacobinos, como el Vice Garca Linera.
Por la boca muere el pez dice el refrn y calza como anillo al dedo a las declaraciones de Sosa, ya autenticadas por varios peritos. No obstante, pocas dudas quedan ya sobre la intencin de la grabacin de marras: Sosa se hizo grabar para negociar con el gobierno su inmunidad-impunidad, luego de su desaparicin durante 10 das, tras su renuncia al caso. Por qu renunci?
Y la pregunta queda flotando, porque logr un buen acuerdo. Reapareci, se present a la audiencia que le haba fijado un colega fiscal de La Paz, neg que sea su voz la que se escucha en las grabaciones conocidas y qued libre, con cara de yo no fui. En cambio, la senadora Carmen Eva Gonzlez, que present las grabaciones es vctima de represalias oficialistas: la fiscala la investiga, Sosa se querella contra ella y presenta una grabacin que la incrimina por nada y por todo, en lugar de que el ministerio pblico investigue a los jefazos, operadores y extorsionadores que Sosa nombra.
Si el caso se cae, cae Evo dijo el fiscal en la grabacin de marras.
Quizs Evo Morales no caiga, pero el caso est cado. A la lista de abogados y asesores jurdicos del Ministerio de Gobierno, presos hoy tambin en Palmasola pero en rgimen cerrado por los delitos de extorsin, se suma la renuncia de la abogada de la misma cartera, Paola Barriga.
Reemplazaba a uno de aquellos presos, Fernando Rivera, desde diciembre. Barriga arguye motivos personales y afirma que su renuncia no debilita el proceso, mientras la presidenta de la Cmara de Diputados, Betty Tejada, sostiene que el caso terrorismo se debilita y que la aparicin de audios afecta al juicio. Por qu renunci la doctora Barriga?
En criterio de algunos analistas, hay pugnas de poder en el oficialismo por la turbia relacin entre el Ejecutivo y el Judicial. Por su parte, el diputado Adrin Oliva seala que el proceso no solo se debilita , sino que apunta a quienes deben estar sentados en el banquillo de los acusados.
Si en Bolivia se respetara el Estado de Derecho, ese juicio debiera extinguirse, pues no hay pruebas de terrorismo ni de separatismo. Y sin pruebas no hay delito, y sin delito no hay material justiciable, y por lo tanto no hay juicio que pueda sustanciarse.
En cambio, s hay pruebas de Terrorismo de Estado, cometido por rdenes de los jacobinos del gobierno: los cadveres de Eduardo Rzsa, de Arpad Magyarosi y Michel Dwyer, acribillados de manera sumaria sin que hubiese mediado enfrentamiento alguno con el comando de elite que ejecut la accin, hace 4 aos. Por qu los ejecutaron? La nica respuesta es que pretendieron callar la verdad, pero la verdad no se calla ni a balas.
Naciones Unidas ya conoce el caso y adems ha constatado la violacin a los derechos humanos de Eld Ts, hngaro sobreviviente de aquel asesinato, junto al croata-boliviano Mario Tadic. En relacin a Ts, el Grupo de Trabajo sobre la Detencin Arbitraria, dirigi dos comunicados al gobierno de Bolivia, el 27 de abril y 11 de agosto de 2011, en los que sealaba que la privacin de libertad del Sr. Eld Ts ha violado sus derechos humanos consagrados en la Declaracin Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos. El 22 de noviembre de ese ao, el grupo volvi a calificar la detencin de como arbitraria y pidi al gobierno de Bolivia que disponga una reparacin por el dao que se le ha causado. En otras palabras, Ts debiera estar libre hace ms de un ao, pero Morales y sus hombres han hecho caso omiso de las comunicaciones de Naciones Unidas, como del Informe anual de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, del pasado 8 de febrero de 2013.
El oficialismo no puede aceptar las conclusiones de Naciones Unidas pues sera reconocer que ha violado derechos humanos y civiles, pero necesita perentoriamente que al menos uno de los 39 asuma su participacin en los supuestos delitos de terrorismo-separatismo, hasta hoy sin prueba alguna. Acorralado, ofrece a los procesados juicios abreviados y penas leves si se declaran culpables. Los presos han rechazado la oferta: su libertad est ligada a su dignidad, pues no han cometido delito alguno. Somos autonomistas, no terroristas, afirman. Ante esa negativa, ha trasladado la oferta al menos a dos acusados en el exilio, segn informes extraoficiales.
El gobierno no le hace la indecente propuesta a Branko Marinkovic, exiliado exdirigente cvico y exitoso empresario agroindustrial cruceo, imputado y acusado solo por ser opositor al gobierno de Evo Morales, confirma Sosa en una ltima grabacin. Sobre Marinkovic y su familia los jefazos se ensaaron con ira: fueron vctimas de mltiples arbitrariedades como confiscacin de parte de sus tierras agrcolas, persecuciones y sucia propaganda contra su entorno familiar. El abogado del empresario prepara un juicio en contra de Sosa, mientras los abusos suman y siguen.
