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El nuevo Presupuesto General del Estado (PGE) en Bolivia ratifica una de las muchas definiciones de poder: el poder no se negocia, el poder no necesita justificarse, se ejerce. La descripcin le calza adictaduras disfrazadas de demcratas, como la de Evo Morales, Nicols Maduro, Daniel Ortega, para no ir ms lejos.
Todas estn cortadas por la misma tijera: autoritarismos centralistas, ausencia de divisin de poderes y el Judicial como punta de lanza de persecucin contra adversarios polticos, represin a voces disidentes en el periodismo, violacin a los Derechos Humanos, cero rendicin de cuentas, oscura e ineficiente gestin pblica.
Ese poder que no necesita justificarse aprob en Bolivia el PGE 2017 sin que ningn ente pblico responsable de la supervisin y fiscalizacin, conozca a ciencia cierta el gasto pblico, afirma Jos Luis Parada, asesor econmico de la Gobernacin de Santa Cruz. l sostiene que ese presupuesto inflado es un espejismo que se diluye ante la falta de control gubernamental central o de otra instancia: fue aprobado gracias a la mayora parlamentaria de dos tercios del MAS en Asamblea Plurinacional. Parada apunta que lo olearon sin tener un informe detallado de la ejecucin presupuestaria 2016, pues el acceso a esa informacin est cerrado. As, no se puede verificar su consistencia pues presentafuentes que carecen de sustento tcnico y financiero y, por otro lado, est sujeto a la discrecionalidad para realizar contrataciones en forma directa y llave en mano.
El panorama es sombro, segn el especialista, ya que no se ha tomado en cuenta la transparencia necesaria, ahora que se observa una cada de ms del 60% de los ingresos en hidrocarburos, y que afectan a ms de 370 instituciones pblicas como Gobernaciones, Municipios y Universidades. No solo les afectar la reduccin de los ingresos, sino que 85 % de los recursos se quedan en el gobierno central y sus deficitarias empresas pblicas, amn de prensa y propaganda gubernamental. Queda apenas 15 % para distribuir entre las otras instituciones, segn informe del propio Ministerio de Economa.
El presupuesto consolidado para 2017 es de 210.347 millones de bolivianos ($us 30.222 millones) y presenta una reduccin de -3.1% con respecto al de 2016. Acusa adems un dficit por tercer ao consecutivo, desde 2014. Segn Parada, ese dficit es consecuencia de las deficiencias en la gestin pblica y la falta de polticas de Estado anticclicas para atenuar la cada de los precios de materias primas a nivel mundial.
El economista afirma que los nicos mecanismos financieros para cubrir este alto dficit en fuente de ingreso no identificada pueden ser: a)seguir gastando las reservas internacionales netas; b)emisin monetaria inorgnica; c)gastarse la plata de las jubilaciones, mediante crditos internos; d)dejar de pagar en efectivo los aportes laborales de los funcionarios pblicos a la gestora publica de pensiones; e)entregar papeles o bonos del tesoro para financiar gastos y proyectos de dudosa rentabilidad del gobierno central, como los contratos con la empresa china CAMC: ingenio azucarero, San Buenaventura, planta de urea y amoniaco, plantas separadoras de gas, entre otras.
Parada afirma que el PGE 2017 deja dudas sobre el equilibrio entre ingresos y egresos, considerando que hasta la fecha -noviembre 2016- no se conoce la ejecucin presupuestaria de las empresaspublicas estratgicas y de Ministerios. Como generalmente no ejecuta ms del 80% del total programado, se distorsiona la situacin real de las finanzas pblicas.
Entre 2014 y 2017 los ingresos de Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) y Regalas ha cado 63%: de Bs. 24.501 millones a Bs. 8.953 millones de bolivianos. Esta reduccin de ingresos apunta Parada, perjudica al plan de inversin de 370 instituciones pblicas, y demuestra el fracaso de la poltica de administracin de gobierno central.
La reduccin neta de IDH y regalas de hidrocarburos para 2017 es de Bs. 2.602 millones, con una disminucin de Bs. 11.555 millones a Bs. 8.953 millones. En el caso de Santa Cruz, Parada considera queno se podr cubrir la totalidad de sus compromisos ni las competencias transferidas por el gobierno central -sin recursos- como seguridad ciudadana, pago a los prediarios, ttulos de bachiller, fondo de exploracin y explotacin YPFB, renta dignidad, educacin cvica. Podra acarrear, adems la devolucin de tems de salud, ya que es una competencia del tesoro-gobierno central.
En resumen, la disminucin de ingresos explica la negativa del rgimen a debatir el Pacto Fiscal. No se debate porque el gobierno no acepta la naturaleza autonmica del Estado, que hoy es letra muerta de la ley. Cuando el poder no se discute, no hay Pacto Fiscal porque el problema econmico aqu es poltico e ideolgico: frreo centralismo y dominacin total.
Por eso tampoco hay debate poltico sobre tratamiento de la aguda escasez de agua en 5 departamentos. No solo es la sequa: es la ineficiencia del poder central-centralista en la gestin pblica. Y parece que no cambiar mientras los jerarcas del rgimen sigan escondidos en su cueva de ineptos e impostores.
Santa Cruz de la Sierra, 24.10.16