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A tiempo de observar los lamentables acontecimientos que se vienen sucediendo en nuestra patria, cuando se arremete con inusitada violencia contra un cuerpo mdico que pacficamente est clamando por justicia contra un artculo del Cdigo Penal, recientemente aprobado en un Congreso de levantamanos, contra toda lgica y racionalidad constatamos con tristeza y justificada preocupacin, que el fantasma de la dictadura y la tirana se hacen inexorablemente presentes.
Han transcurrido 36 das de paro sin que se vislumbre una solucin a este conflicto, siendo ya varias las instituciones que se van sumando a este reclamo, como es el caso de los estudiantes, los transportistas y, en solidaridad a sus correligionarios, hasta los mdicos de Per y la Argentina estaran considerando la no atencin a las emergencias que surgieren en el prximo Dakar y la suspensin indefinida de sus servicios.
Como ha debido suponer el gobierno, experto en este tipo decoacciones, este conflicto periclitara por inanicin, por lo que era tilaplicar la displicencia y la abulia hasta lograr el agotamiento de sus actores empero, muy contrario a anteriores actos de protesta, ste se expande y crece en lugar de debilitarsey,a la fecha, amenaza no solo con lograr la derogacin del controvertido artculo de marras, sino que pone en peligro la propia estabilidad del rgimen.
Es entonces cuando se echa mano a una serie de medidas que, al igual que en Venezuela, van desde la contratacin de dudoso personal mdico cubano, hasta una represin feroz que ya se haba calificado de inhumana al ser aplicada en la protesta de los discapacitados.
Ante esta realidad, no es aventurado advertir que esta vez intervengan en el fin de esteatropello organismos internacionales que, como Mdicos Sin Fronteras, estn llamados a frenar este tipo de excesos, que han originado precisamente su creacin, al denunciar las violaciones a los derechos humanos en pases donde stos se hallaban en peligro y crear corrientes de opinin a travs de las redes sociales de comunicacin.
Asimismo, la recientemente creada Ley Magnitsky en el seno del Congreso de los EE.UU. que permite al gobierno de ese pas imponer sanciones econmicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupcin en sus propios pases de origen acaba de ser aplicada hace seis dasen Guatemala contrael diputado oficialista Julio Antonio Jurez, sospechoso de contratar sicarios y ordenar la muerte del periodista Danilo Lpez, en cuyo ataque tambin falleci el ciudadano Federico Salazar.
Dicha norma que debe su nombre a un contador y auditor ruso cuyo arresto y posterior muerte en prisin atrajo la atencin de la prensa internacional y llev a serias investigaciones de fraude, robo, y violaciones a los derechos humanos, que el propio Financial Times calific en un editorial: como atroz y que muestra el lado ms oscuro del Putinismo,hoy podra aplicarse a pases que se hallan en el ojo de la tormenta y creen que slo existen Mdicos con fronteras.