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Con el objeto de comprometer la intervencin de los presidentes del Brasil, Jair Bolsonaro, y de Colombia, Ivn Duque Mrquez, como garantes de la Constitucin Poltica de Bolivia, compromiso contrado en el acuerdo poltico de Cochabamba en 2008, una comisin de las plataformas sociales se reunir este prximo mes de Marzo con dichos jefes de estado, para que se sirvan elevar una solicitud de opinin consultiva ante la Corte de San Jos de Costa Rica, para que esa alta instancia determine, si la reeleccin presidencial es un derecho humano.
Recordemos que uno de los preceptos fundamentales de dicha Carta Magna fue limitar la gestin presidenciala travs del Art. 168, a un mximo de dos mandatos y con una sola reeleccin,sin embargo, por todas las seales que hemos recibido desde el da mismo que se aprob esa Constitucin, todo indica que el acuerdo suscrito frente a los garantes fue y sigue siendo violado sin escrpulos.
La reaccin popular a dicha contravencin no se hizo esperar y, en el referndum del 21 de febrero de 2016, convocado por el propio gobierno para dilucidar este impasse, triunf el NO a la modificacin del Art.168, citado lneas arriba, lo que activ la inmediata respuesta oficialista que, no solo desconoci la victoria, sino que la atribuy a una burda tramoya fraguada por la oposicin en base a una mentira.
A estas alturas, cuando la opinin nacional e internacional ha hecho suya la justa reivindicacin de ese triunfo plebiscitario, traducido en letanas como: Bolivia dijo No, resulta inapropiado y hasta contraproducente el tratar de contravenir la corriente, aplicando mtodos vedados y anticonstitucionales que slo servirn de boomerang al gobierno.
Hay que saber reconocer que, si se ha perdido musculatura, no es conveniente el demostrar fuerza. Es el reciente caso del Juez 6 de Familia de Santa Cruz, Alberto Zeballos, que admiti una Accin de Cumplimiento Constitucional contra la repostulacin indefinida de Evo Morales, a solicitud de plataformas ciudadanas en base al Art.7 de la CPE, que dispone que la soberana reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada, pero adems es inalienable e imprescriptible.
Actuar en contrario, procesando al Juez, destituyndolo, o decretando su prisin, slo servir de acicate a quienes veran en esa actitud abusiva un alargamiento de los procesos de intimidacin y presin en la justicia que han desembocado en esta suerte de pronunciamientos y actitudes, justo ahora cuando la opinin internacional asiste, con inocultable beneplcito, el derrocamiento de un sistema desptico y delincuencial que se encaram en el gobierno venezolano donde, copando todos los poderes del Estado, llev a esa noble y generosa nacin a la ms escabrosa situacin de corrupcin, hambre y miseria que se tenga memoria.
En estas circunstancias, y ante una situacin que coloquialmente podramos calificarla de estar viendo las orejas al lobo, consideramos prudente que, antes de asumir posturas amenazantes contra el Imperio, contra el Grupo de Lima, contra los pases de la Comunidad Europea y, contra todos aquellos que ya mostraron su apoyo a Juan Guaid, como presidente encargado de Venezuela, cambien de actitud, pues siempre es mejor, prevenir que lamentar.