Antes del Entierro del Pepino

Con la misma discrecionalidad y abuso con los que el sistema nos indujo a una elección de los magistrados del Poder Judicial, un 3 de diciembre de 2017, ahora resulta que la periodicidad que debía regir para una próxima votación ha fallado y, por tanto, los magistrados elegidos en dichos comicios han tenido que auto prorrogarse, manteniendo sus “pegas” hasta lograr la postergación indefinida de los citados comicios judiciales, ratificando esa vieja máxima que reza: “Bolivia es el país donde, todo lo que NO ocurre es raro.”

Según la Constitución Política del Estado, las elecciones de las autoridades del sistema de justicia están basadas en el sufragio universal y, de acuerdo a un cronograma establecido, éstas debieron realizarse el pasado año 2023, para que las personas electas asuman sus cargos en enero de 2024. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ya había anunciado “la imposibilidad de realizar tal proceso electoral en 2023, debido a que la Asamblea Legislativa no habría finalizado la preselección de candidaturas, ni remitió las correspondientes listas al TSE para la organización de los sufragios”. En consecuencia, dichos recursos, finamente tejidos y dolosamente redactados, ya pronosticaban la crónica de una mamada anunciada, que señala el día en el que los bolivianos debamos concurrir a las Elecciones Judiciales.

Entretanto, lo censurable de este burdo manejo del sistema judicial es que puso en evidencia los más crasos y garrafales errores del MAS, al convertir y digitar a simples ciudadanos en candidatos que, sin ninguna norma meritocrática, irrumpieron en el poder judicial convirtiéndolo en una suerte de organismo paraestatal, con fiscales y jueces que desempeñan el oficio de sicarios, muy similar a aquellos que tanto se criticó en pasadas dictaduras militares, con la agravante de inferir un daño irreparable al prestigio de ese poder del Estado, al despojarlo de esa imparcialidad e independencia que lo debe caracterizar.

La Senadora Centa Rek, de Creemos, ha difundido en las redes sociales una denuncia del Tribunal Supremo Electoral, en contra de ex funcionarios del Servicio de Registro Civil (SERECI), por la alteración de datos personales que dichos sujetos habrían cometido en esa repartición estatal, daño que infiere, obviamente, no sólo un atentado a los servicios de identificación nacional, sino que confirma, fielmente, el manejo que se hizo en dichas oficinas, con asesoría venezolano-cubana, con miras a modificar el padrón electoral.

Con la misma prisa carnavalera que los discordes en concordia masista manejan nuestras vicisitudes, es menester aplicarse en revertir el honor que nos concedió Transparencia Internacional, al situar al país, en el tercer puesto más corrupto de Sudamérica, superado sólo por Venezuela y Paraguay. Asimismo, urge revertir la rebaja de calificación de B a CCC en la que nos situó la calificadora Fitch Ratings, por incumplimiento de emisor en moneda extranjera, lo que significa una peligrosa disminución de las reservas a límites muy bajos; un riesgo para la estabilidad macroeconómica; y capacidad de servicio a la deuda. En consecuencia, los rubros arriba mencionados y de urgente tratamiento deben ser atendidos antes del Entierro del Pepino.