Martes 05 de noviembre 2024

El crimen organizado exige su retorno



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Tanto se dice de todo y tantos opinan sobre el tema que para el ciudadano de carro o de a pie, la ley de “ganancias ilegitimas y financiamiento al terrorismo” se ha convertido en un verdadero “chenko”.

En realidad, es muy simple, si se quiere actuar de buena fe. Debemos tener una ley que establezca con meridana claridad, cuándo un juez y nadie más, puede autorizar la investigación de cuentas bancarias, en los procesos legales abiertos y relacionados con tipos penales que ameritan esa decisión. Así de simple.

Lo que viene haciendo el gobierno es tener una ley, por la cual, se otorga facultades a funcionarios públicos, que no son jueces, para que, ante sospecha o denuncia ellos puedan iniciar una investigación a ciudadanos que no tienen procesos judiciales, eso se llama control político social.

La repulsa ciudadana tiene sentido. Mucho más si el sistema judicial en su totalidad está cuestionado y no goza de la confianza social. En un mundo donde los jueces son soldados del gobierno a su disposición, donde los fiscales son instrumentos baratos de uso higiénico por el gobierno, donde la Policía sirve de soporte activo a la infamia establecida como sistema, la ley más pura y prístina no sirve de nada.

El meollo del asunto está centrado en el origen, composición y ejecución del sistema político que nos gobierna. Desde hace 14 años, tenemos un grupo de personajes relacionados con el crimen organizado, que han constituido un instrumento político como plataforma para desarrollar sus actividades de contenido ilegal y criminal. Si esto no se entiende, es muy difícil explicar lo que viene sucediendo porque se mezcla la ley con el delito, se relativiza la conducta delincuencial y se establecen modelos autoritarios y dictatoriales como factores de representación social que defienden a los pobres contra los ricos, al pueblo contra la oligarquía y a la nación contra el imperialismo.

Esta es la cobertura o escudo protector del que se vale el crimen organizado para perseguir, procesar, encarcelar, exiliar o asesinar. El crimen organizado está sustentado por la producción de la coca y sus derivados. Todo su accionar responde a la necesidad de controlar su proceso de producción, expandir su mercado y establecer condiciones políticas y territoriales que le permitan crecer.

La urgencia con la cual están promoviendo procesos políticos en la región es parte fundamental de este esquema. Cuba como la autoridad intelectual y material junto con Venezuela, conforman lo que se conoce como castro-chavismo, fuente ideológica y económica del crimen organizado. Bolivia, Nicaragua y Perú como satélites estratégicos cuya función es lograr encaramar a sus pares en el gobierno de México, Argentina, Colombia y Ecuador. Como se puede ver, el esquema es enorme y tiene una dimensión geopolítica gravitante en la región.

Con este razonamiento expuesto resulta fácil comprender, la exportación del instrumento político masista hacía el Perú y la Argentina, denunciado en los últimos días. El apoyo indisimulado de los gobiernos de México, Argentina y Bolivia a Cuba, Venezuela y Nicaragua, el llamado de Lula Da Silva desde el Brasil convocando a la defensa del Foro de Sao Paulo, la ofensiva en contra de la permanencia de la OEA, la uniformidad legal en el control político de la sociedad y el fortalecimiento de relaciones internacionales con Irán, China y Rusia.

Se vienen promoviendo acciones “legales” para amnistiar selectivamente a quienes el gobierno considere necesarios, imponer el control político con leyes disfrazadas, consolidar la figura del golpe de Estado en octubre 2019, y proceder al recambio gubernamental y el retorno urgente de Evo Morales al gobierno, para garantizar el proceso de expansión regional. Es que los tiempos y plazos para el retorno de Morales parecen acortarse irremediablemente. Lo cual los está llevando a cometer errores por la prisa con la que desatan demonios por todas partes.

Como dijo Evo Morales: en Bolivia no se discute nada, se ejecuta “la línea” política que se decide en Cuba y Venezuela sin chistar. La instrucción para que se acelere su retorno esta dada y en consecuencia eso es lo que se está haciendo.