- América
- 2020-11-08
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El País.- El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Nava Morales, garantizó al empresariado nacional que la Administración Tributaria dejará de ser una entidad de “persecución política” y planteó la necesidad de reformar la normativa tributaria para que se ajuste a la nueva Constitución Política del Estado (CPE). Y es que son varios los sectores, entre ellos la Federación Departamental de Empresarios Privados (FDEP) de Tarija, que aseguran haber sido víctimas de una “persecución” impositiva durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), situación que esperan que cambie con las autoridades que serán elegidas el 3 de mayo. El Presidente del Servicio de Impuestos Nacionales expuso los temas “Resultados de la Gestión 2019” y “Estrategias y objetivos para la nueva Administración Tributaria” en la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco). “A partir de esta nueva gestión —afirmó Nava Morales— todo el empresariado boliviano debe tener la certeza, la seguridad jurídica, de que Impuestos Nacionales ya no va a ser una institución de persecución política”. Luego añadió que “este es un mensaje, una señal importante, no solo al empresariado nacional, sino a todos los ciudadanos en Bolivia que son contribuyentes”. Consideró además que la Ley 843, de Reforma Tributaria, está “desactualizada” y “descontextualizada”, y “por tanto no se adecúa a la realidad económica que tiene el empresariado en Bolivia”. En el caso de la Ley 2492, Código Tributario, explicó que contiene en su parte procesal “imprecisiones normativas”, que “van en detrimento del sujeto pasivo, del contribuyente, del administrado”. Como parte de su análisis, Nava Morales consideró que ambas leyes deberían ser actualizadas para que sean compatibles con la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que fue promulgada en febrero de 2009. “Solo la Constitución —dijo— nos va a otorgar todas esas garantías para que (…) la norma (…) no sea inquisitiva, no sea perseguidora del contribuyente; por tanto, la constitucionalización del ordenamiento jurídico debería ser una práctica habitual”. “Fórmula de presión” Más de un 60 por ciento de los empresarios de Tarija ingresaron a un plan de pagos “empujados” por el SIN, como fruto de la “fórmula de presión” a ese sector, el cual fue reconocido por el Gobierno nacional transitorio. El presidente de la FDEP, Marcelo Romero, explicó que sus compañeros fueron víctimas de persecución impositiva a consecuencia de las diferencias políticas entre el Gobierno nacional y el departamental. Las regiones fueron postergadas, una de ellas Tarija. Eso dio lugar a que los empresarios dejen de percibir recursos por los trabajos que realizaban, porque los mismos eran confiscados y manejados de manera discrecional. Esas acciones desencadenaron en un incumplimiento de la Gobernación por las obligaciones pactadas en diferentes tipos de proyectos, lo que derivó en una iliquidez. Ante esa situación los empresarios no tenían con qué pagar sus impuestos. En ese sentido, Romero dice que todo el empresariado tarijeño fue presionado para que paguen multas irracionales y que no estaban previstas. Eso se refleja en los planes de pagos, de tres a cinco años. Un periodo considerado como corto. SIN destaca recuperación de la mora tributaria El presidente del SIN, Mario Nava Morales, destacó que en 2019 se recuperó 1.127 millones de bolivianos de la cartera en mora, monto que supera los 936 millones de bolivianos, programados para la gestión pasada. Además, detalló que en 2019 la recaudación tributaria de mercado interno (MI) llegó a 31.773,8 millones de bolivianos, en tanto que el monto programado era de 30.666,2 millones; es decir que hubo un cumplimiento de 103,6%.