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- 2026-02-27
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El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, cumplió su primera noche de detención preventiva en el penal de Palmasola tras ser imputado por presuntas irregularidades en el caso ‘Pavimento’. Ante este escenario, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Concejo Municipal activaron los mecanismos para designar una autoridad interina que asuma el mando de la capital este viernes.
Este movimiento judicial no es solo un trámite, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, donde se observa que la caída de Fernández deja a la ciudad en un limbo administrativo peligroso. La celeridad con la que el TSE avaló el interinato sugiere que el sistema político busca evitar a toda costa una parálisis en la gestión de la ciudad más poblada del país.
La autoridad fue asignada al pabellón PC-6, un área de seguridad para exfuncionarios, donde deberá permanecer inicialmente por 100 días según la orden de la jueza Alejandra Menacho. Mientras tanto, el presidente del Concejo, Juan Carlos Medrano, convocó a sesión urgente argumentando que es materialmente imposible gobernar desde una celda.
Desde la otra acera, el panorama sugiere una resistencia férrea por parte del Ejecutivo Municipal, que emitió un comunicado asegurando que la detención no anula el mandato popular. El entorno del alcalde apuesta a una batalla legal, argumentando que no existe una norma que active la suplencia de forma automática por una cautelar.
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, fue contundente al señalar que el Concejo tiene la potestad de elegir un interino entre sus miembros, preferiblemente de la fuerza política que ganó la elección. Esta postura debilita la estrategia de resistencia de la Alcaldía, que intenta mantener el control administrativo mediante delegaciones de firma.
La crisis operativa ya se siente en las reparticiones públicas, donde la falta de una firma autorizada pone en riesgo el despacho de carburantes para la maquinaria pesada y vehículos de emergencia. La burocracia estatal no perdona y el vacío de poder amenaza con detener obras clave de infraestructura que ya estaban en curso.
La sesión de este viernes será el termómetro de las alianzas políticas reales en el Concejo, donde se verá si los concejales oficialistas asisten para dar quórum o si optan por el boicot. La justicia investiga delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, lo que añade una carga ética pesada a la elección del sucesor.
El dirigente vecinal y los sectores afines a Fernández han comenzado a movilizarse en las afueras de Palmasola, denunciando una supuesta persecución política. Sin embargo, el avance del proceso judicial parece irreversible en el corto plazo, obligando a las fuerzas vivas a mirar más allá de la figura del alcalde ahora recluido.
Finalmente, la ciudad espera una resolución que devuelva la certidumbre a la gestión diaria antes de que el conflicto escale a las calles. La prioridad es restablecer el flujo administrativo y asegurar que los servicios básicos no se vean interrumpidos por la situación jurídica de la máxima autoridad edil.
El Dato de Cierre: Si el Concejo no logra consenso hoy, Santa Cruz entraría en un fin de semana de acefalía administrativa total, afectando incluso los operativos de emergencia programados.
