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- 2026-03-20
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La estatal petrolera ha destapado una red de privilegios que apunta directamente al entorno familiar del Ejecutivo. Marcelo Arce Mosqueira está bajo la lupa como el presunto operador que articuló negociados millonarios a través de la empresa Botrading S.A., la cual logró ventas superiores a los 800 millones de dólares en combustibles, capturando el 20% de la importación nacional.
Esta estructura criminal operaba, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, con una agilidad financiera sospechosa que contrasta con la realidad del país. Mientras otros proveedores esperan meses, Botrading lograba cerrar ciclos de facturación y pagos en menos de 30 días, convirtiendo a YPFB en un facilitador de ganancias ilícitas mediante una intermediación que compraba barato y vendía caro al Estado.
El presidente de la estatal, Yussef Akly Flores, confirmó que existen evidencias documentales de que esta empresa no solo manejaba crudo, sino que proveía gasolina y diésel con premios elevados. El esquema permitía a los involucrados beneficiarse de diferenciales económicos desproporcionados, utilizando a Botrading como un "trader" privilegiado con oficinas estratégicas en Paraguay.
La auditoría forense realizada en Asunción busca esclarecer cómo el hijo del mandatario habría liderado estos procesos operativos. La denuncia apunta a que el cumplimiento normativo fue vulnerado sistemáticamente para proteger un flujo de dinero que hoy es objeto de investigación por parte del Ministerio Público y la Comisión de la Verdad.
Desde la otra acera, se intenta posicionar la narrativa de que estas son irregularidades "heredadas", pero los registros de pagos preferenciales y contratos dirigidos muestran una continuidad de funciones que benefició directamente al círculo íntimo del poder. El uso de influencias para asegurar que la estatal pagara en tiempo récord es la prueba más clara del tráfico de influencias.
La crisis de carburantes que golpea a Bolivia adquiere un tinte oscuro al revelarse que el 20% de la importación estaba en manos de un esquema articulado por el hijo del presidente. El "premio" que pagaba el Estado por estos suministros no respondía a condiciones de mercado, sino a un esquema de lucro que desangró los recursos públicos en momentos de escasez.
Auditores especializados han inspeccionado contratos y documentación financiera que demuestran la opacidad con la que operaba Botrading S.A. Esta oficina se convirtió en el centro de operaciones donde se fraguaban acuerdos que garantizaban transparencia nula y una protección estatal que impedía cualquier tipo de fiscalización técnica o legal previa.
La protección de los recursos del Estado boliviano ha sido vulnerada por una red que aprovechó la estructura de YPFB para fines privados. La celeridad en los pagos, un fenómeno inexistente para el resto de los proveedores, confirma que existía una orden superior para priorizar los desembolsos hacia la empresa vinculada a Marcelo Arce.
El impacto de este negociado es de dimensiones históricas. Los 800 millones de dólares transados bajo sospecha representan un golpe directo a las reservas del país, ejecutado por quienes tenían la responsabilidad moral y legal de custodiar el patrimonio de todos los bolivianos.
El caso Marcelo Arce-Botrading no es solo un hecho de corrupción administrativa; es la confirmación de una narcocorrupción institucionalizada que utiliza los sectores estratégicos para el enriquecimiento ilícito. El país espera que la entrega de pruebas al Ministerio Público no termine en el archivo, ante la contundencia de las evidencias presentadas por la propia estatal.
El Dato de Cierre: Botrading S.A. lograba que YPFB le liquidara facturas en apenas cuatro días, mientras que el promedio de pago para proveedores internacionales sin "conexiones" políticas supera los 90 días en la actual gestión.
