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- 2026-05-13
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La Cámara de Diputados sancionó este miércoles la ley que abroga la reconversión de tierras, cediendo finalmente ante la presión de la COB y los sectores movilizados que mantenían al país bajo asedio. La norma fue remitida de inmediato al Órgano Ejecutivo, donde el Presidente tiene la última palabra para su promulgación y puesta en vigencia.
El debate en el hemiciclo fue liquidado en tiempo récord tras las modificaciones enviadas por el Senado, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, evidenciando que el Legislativo priorizó apagar el conflicto social antes que profundizar en la seguridad jurídica del campo. La celeridad sugiere un intento desesperado por levantar los bloqueos que asfixian la economía nacional.
🚨 Plazo fatal: El Legislativo tiene 60 días para concertar un nuevo marco normativo agrario.
📦 Vigilia activa: Indígenas de Pando y Beni mantienen presencia en la plaza Murillo esperando la firma.
📉 Impacto directo: La Ley 1720 queda herida de muerte a la espera del decreto del Ejecutivo.
⚠️ Dilema social: Si las rutas no se liberan hoy, se confirmará que la ley era solo una excusa política.
El presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro, confirmó que no existe más espacio para el debate técnico, limitándose a dar cumplimiento a las exigencias de la COB y otros sectores. Ahora, la mirada se traslada al palacio de gobierno, donde la promulgación es el único paso pendiente para desarticular oficialmente la medida de presión.
Sin embargo, desde la otra acera, analistas advierten que esta abrogación apresurada deja un vacío legal peligroso sobre la pequeña propiedad agraria. Al haber aceptado las modificaciones del Senado, los legisladores han pateado el problema hacia adelante, fijando un cronograma de dos meses para una solución definitiva.
El diputado José Maldonado fue tajante al señalar que la prioridad era enviar el documento al Ejecutivo para fines constitucionales de manera inmediata. La apuesta del Gobierno es que este gesto administrativo sea suficiente para que los carburantes y alimentos vuelvan a circular sin restricciones por las carreteras del país.
La persistencia de las vigilias en inmediaciones de la plaza Murillo demuestra que la confianza entre sectores y Estado está rota. Hasta que la gaceta oficial no publique la anulación, los grupos movilizados han advertido que no abandonarán sus posiciones, manteniendo el voto de censura sobre la gestión legislativa.
Si tras la firma del Ejecutivo los bloqueos persisten, quedará al descubierto que la demanda sectorial era una pantalla para otros fines de desestabilización. La pelota está ahora en la cancha de los dirigentes, quienes deben demostrar si su lucha era por la tierra o por el quiebre del orden logístico.
El Ejecutivo tiene ahora el reloj en contra para promulgar la norma y desactivar el conflicto.
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