Santa Cruz demanda orden y desbloqueo inmediato tras ceder en la ley de tierras

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Las principales instituciones cruceñas han lanzado un ultimátum al Ejecutivo tras aceptar la abrogación de la Ley 1720, exigiendo que se restablezca el orden y el libre tránsito de forma inmediata. Al ceder en la normativa que defendían, el Comité pro Santa Cruz, la CAO y Cainco han desnudado la intención política de los sectores movilizados.

Stello Cochamanidis, líder cívico, fue contundente al señalar que el presidente Rodrigo Paz tiene en sus manos la responsabilidad de hacer respetar la Constitución. Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, este movimiento estratégico de Santa Cruz busca forzar al Estado a actuar contra quienes hoy asfixian la logística del país sin una demanda legal pendiente.

• 🚨 ORDEN PÚBLICO: Exigen el uso legítimo de la fuerza para desbloquear a la COB.

• 📦 SIN EXCUSAS: Al anularse la ley, las medidas de presión pierden su único sustento.

• 📉 PELIGRO TOTAL: Advierten que no permitirán un corte constitucional bajo el pretexto agrario.

• ⚠️ MANDO ESTATAL: "Gobiernen y pongan orden", es el reclamo directo de la dirigencia cruceña.

Desde la CAO, Klaus Frerking aseguró que el sector productivo aceptó la tregua de 60 días para pacificar el territorio nacional y evitar mayores daños a la economía. La dirigencia empresarial sostiene que la permanencia de los grupos en las rutas delata una agenda de desestabilización que busca castigar a Santa Cruz y al bolsillo del ciudadano.

Jean Pierre Antelo, presidente de Cainco, reforzó la postura institucional subrayando que no existen motivos para seguir bloqueando tras la caída de la Ley de tierras. Para el sector industrial, el debate debe trasladarse al Legislativo, dejando de usar a las carreteras como un mecanismo de extorsión política contra quienes producen.

Sin embargo, desde la otra acera, los sectores críticos consideran que la presión de las instituciones cruceñas busca criminalizar la protesta social legítima. Pese a esto, la CAO advierte que el país no puede seguir sometido al capricho de "unos cuantos vagos" que impiden que el alimento llegue a las familias.

La cúpula empresarial recordó que Bolivia lleva décadas sufriendo esta "mala práctica" de bloquear por ideología, afectando la llegada de carburantes y suministros básicos. El reclamo es claro: el Gobierno no puede ser espectador pasivo mientras los derechos de la mayoría son vulnerados por intereses partidarios.

Cochamanidis instó al mandatario a asumir las responsabilidades del cargo y garantizar que el esfuerzo de los emprendedores no se pierda en las carreteras. Para el civismo cruceño, la pasividad del Estado ante el cerco de la COB es interpretada como una falta de autoridad en un momento crítico.

El compromiso de esperar dos meses para un nuevo marco normativo agrario es la última carta de paz que entrega el sector productivo cruceño. Ahora, la presión se traslada íntegramente al despacho presidencial, donde el silencio o la inacción serán vistos como una capitulación ante los bloqueadores.

Si tras la anulación de la ley el Gobierno no libera los caminos, se confirmará que el país vive un estado de indefensión institucional. La sociedad civil y el empresariado exigen que se priorice la supervivencia económica sobre los pactos políticos que hoy mantienen a Bolivia de rodillas.

El cumplimiento de la ley es la única vía para que el país recupere la normalidad y la producción.

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