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- 2026-05-15
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El vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció abiertamente que sectores vinculados al narcotráfico financian presuntamente las movilizaciones y bloqueos de carreteras que asfixian al territorio nacional desde hace dos semanas. La acusación oficial apunta a un intento de desestabilización política financiado con recursos de origen ilícito para forzar la caída del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, la hipótesis gubernamental traslada el conflicto civil al terreno de la seguridad nacional, buscando deslegitimar las protestas mediante el peso de la sospecha criminal. El Ejecutivo ratificó que, pese a la abrogación previa de la ley en disputa, las medidas de presión persisten, lo que demostraría un trasfondo estrictamente político y ajeno a las reivindicaciones sociales originales.
La violencia en las rutas ya dejó un saldo trágico inaceptable que el portavoz presidencial atribuyó de forma directa a la intransigencia de los dirigentes movilizados. Entre las víctimas fatales se confirmó el deceso de dos mujeres que no lograron recibir atención médica oportuna, sumado a la muerte de un niño y al reporte oficial de al menos seis personas heridas en diversos puntos de confrontación.
🚨 14 días de parálisis: Las carreteras principales del eje troncal permanecen bloqueadas de forma ininterrumpida por sectores radicales. 📦 Pérdidas millonarias: El aparato productivo nacional reporta desabastecimiento crónico debido a la imposibilidad de trasladar alimentos. 📉 Inflación en mercados: El costo de la canasta básica familiar se disparó en las principales ciudades por la falta de productos esenciales. ⚠️ Orden de desbloqueo: El Ministerio de Gobierno confirmó el despliegue inmediato de las fuerzas del orden para liberar las rutas estratégicas.
El portavoz Gálvez cuestionó públicamente la logística empleada por los manifestantes, sembrando dudas sobre el origen de los recursos económicos que sostienen los campamentos en las rutas. El funcionario gubernamental interpeló de dónde sale el dinero para cubrir viáticos, alimentación permanente, movilidades y la compra de dinamitas utilizadas contra la Policía.
La administración de Paz Pereira identificó al expresidente Evo Morales como el principal promotor de estas movilizaciones que buscan romper el orden constitucional. Desde la perspectiva oficial, existe un pacto explícito entre dirigentes específicos para rechazar sistemáticamente cualquier convocatoria al diálogo con el aparato estatal.
A pesar del endurecimiento del discurso y el anuncio de intervenciones policiales, el palacio de gobierno asegura mantener abiertos los canales de concertación sectorial. El éxito de la gestión dependerá de la capacidad real para restablecer el libre tránsito sin generar un escenario de convulsión social irreversible en el país.
El Dato de Cierre: El Gobierno central confirmó que las fuerzas del orden ya tienen la instrucción constitucional de proceder al desbloqueo sistemático de todas las vías troncales del territorio boliviano.
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