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- 2026-06-30
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La firma de un polémico acuerdo político tras más de 50 días de asfixia en las carreteras del país desnudó una preocupante realidad institucional donde la ley en Bolivia ahora tiene precio y se negocia abiertamente en una mesa sindical a cambio de una falsa paz social.
Este preocupante escenario y la claudicación del Estado surgen del análisis detallado del abogado y magíster en gestión pública judicial, Juan Carlos Carvajal Apaza, columnista de HoyBolivia, en su reciente artículo de opinión titulado "El Caguán boliviano: cuando la negociación política se convierte en impunidad".
El jurista advierte de manera contundente que sentar al Ministerio Público en una negociación política destruye los pilares del ordenamiento jurídico, afirmando textualmente que "asumir un rol de garante político para negociar con quienes delinquen es un acto ultra vires" que desnaturaliza la persecución penal.
La Mesa de Análisis de este medio identifica que al pactar la inmunidad de los dirigentes que asfixiaron la economía, la Fiscalía General del Estado anuló los principios rectores de legalidad y autonomía, dejando al ciudadano de a pie en un estado de total indefensión jurídica.
El texto del especialista devela el peligroso precedente que se ha fijado en el país, demostrando que el código penal ha sido canjeado por una tregua temporal bajo el chantaje corporativo del desabastecimiento de alimentos y carburantes.
🚨 16 fallecidos dejó el cerco de más de 50 días, 13 de ellos por el bloqueo criminal de ambulancias.
📉 Pérdidas millonarias en el sector productivo por la interrupción violenta del libre tránsito y el trabajo.
⚖️ Art. 225 CPE vulnerado flagrantemente al usar al Fiscal General como un diplomático de los sindicatos.
📜 Caso Trujillo Oroza (2002) fija la obligación ineludible del Estado de investigar y sancionar delitos.
Carvajal Apaza traza un paralelismo histórico de alta precisión y advierte que Bolivia repite el trágico error del Caguán colombiano (1998-2002), un escenario donde "ceder justicia a la insurgencia solo sirvió para que el verdugo se rearme" y prepare su siguiente ofensiva.
El análisis alerta que la supuesta pacificación es únicamente una cortina de humo y una pausa logística, ya que los grupos radicales están usando esta tregua para reorganizar sus bloqueos y reabastecer su logística en las carreteras apenas concluya el Estado de Excepción.
La impunidad penal pactada activará además un búmeran contra el Estado, puesto que el incumplimiento del deber de garantizar los derechos humanos derivará en futuras condenas millonarias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia.
Finalmente, el especialista subraya la responsabilidad civil y patrimonial que pesa sobre las autoridades firmantes, sentenciando con dureza que pedir perdón tras haber arruinado el patrimonio de miles de familias es escupir en la cara de las víctimas.
El Dato de Cierre: Al ceder la acción penal en beneficio de un grupo corporativo de facto, el Gobierno y la Fiscalía fijaron el nefasto precedente de que cometer delitos y violar derechos humanos en Bolivia es legal si se tiene la fuerza necesaria para asfixiar las rutas del país.
La columna de opinión de Juan Carlos Carvajal en HoyBolivia la lees aquí:
https://www.hoybolivia.com/blog.php?id=45119
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