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- 2026-06-29
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En una histórica Reunión Nacional de Emergencia celebrada en Sucre, jueces, vocales y máximas autoridades de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y constitucional determinaron unificar fuerzas y lanzar un duro ultimátum al Ejecutivo y al Legislativo. La justicia boliviana determinó ingresar a un paro nacional escalonado de actividades que podría convertirse en indefinido si en un plazo de 20 días no se atienden de manera formal sus demandas presupuestarias y sectoriales.
La inédita medida de presión se activa como una rebelión de los estrados debido a que la cúpula judicial exige de manera irrenunciable un presupuesto mínimo del 5% del Tesoro General de la Nación (TGN) administrado de forma autónoma. Los magistrados decidieron adoptar los métodos de protesta típicos de los sindicatos y sectores sociales de la calle, argumentando que el Gobierno central asfixia económicamente a los tribunales mientras atiende con agilidad a los sectores que bloquean carreteras.
La resolución del encuentro nacional determinó la creación de una Comisión Nacional para el Seguimiento y Consolidación de las Reivindicaciones del Órgano Judicial, instancia encargada de forzar una negociación directa y de igual a igual con el presidente de la República y su gabinete. Los operadores de la ley aclararon que la reunión obligatoriamente debe desarrollarse en la capital del país, Sucre, rechazando trasladar el debate político y técnico a la sede de gobierno.
🛑 El ultimátum de 20 días otorgado por los magistrados amenaza con paralizar por completo la atención de causas judiciales en los nueve departamentos.
💰 El Órgano Judicial exige una asignación presupuestaria fija y autónoma equivalente al 5% del Tesoro General de la Nación para operar sin asfixia.
⏳ El cronograma aprobado por las bases estipula una escala progresiva de protestas que iniciará con paros de 24, 48 y 72 horas hasta llegar al paro indefinido.
💻 El estancamiento de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa mantiene congelada la modernización tecnológica y la digitalización de expedientes.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, fustigó duramente la gestión gubernamental respecto al manejo de las crisis, lamentando que las autoridades estatales ignoren a quienes respetan la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. El malestar por la discriminación de recursos financieros frente a los grupos movilizados provocó que las bases de las tres jurisdicciones unificaran sus criterios de combate para paralizar los tribunales de todo el país.
La parálisis judicial también arrastra la postergación de reformas clave de modernización tecnológica, ya que la Asamblea Legislativa mantiene estancados los proyectos de ley diseñados para la digitalización de expedientes y optimización del servicio civil. Las normativas, redactadas de manera conjunta por el TSJ, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, carecen de prioridad política dentro del Parlamento, lo que agrava la mora procesal y el colapso operativo cotidiano.
La determinación asumida por magistrados y jueces pone en jaque la seguridad legal del país en un momento de alta susceptibilidad social y económica. Los gremios de la magistratura cerraron filas advirtiendo que ha llegado el momento de hacerse respetar como un poder independiente del Estado, dejando claro que la justicia no reanudará la atención ordinaria a los litigantes si el Poder Ejecutivo no garantiza los recursos indispensables para su subsistencia.
El Dato de Cierre: Los tribunales departamentales de justicia coordinan los comités de huelga regionales para garantizar el repliegue total del personal administrativo y jurisdiccional a partir del primer minuto del vencimiento del plazo legal.
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