Empresarios exigen salvataje financiero ante riesgo de quiebra masiva

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La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), bajo la dirección de su presidente Giovanni Ortuño, formalizó la demanda urgente de un programa de salvataje financiero estatal para evitar el colapso y cierre definitivo de las empresas nacionales. El pedido surge tras una evaluación técnica de los efectos devastadores acumulados durante el último conflicto de 53 días que paralizó los principales ejes viales del territorio nacional.

El pronunciamiento oficial se consolidó en la ciudad de Cochabamba al cierre de una cumbre de emergencia que congregó a los representantes de los sectores productivos e industriales del país. El documento conclusivo exige una reunión inmediata con el Órgano Ejecutivo y su gabinete ministerial para viabilizar la aplicación de un plan nacional de recuperación económica coordinado.

La propuesta central de los industriales establece la implementación inmediata de un mecanismo de auxilio económico que beneficie a las unidades productivas en situación de vulnerabilidad extrema, demandando un alcance general sin exclusiones geográficas ni sectoriales. El empresariado advierte que la asfixia logística ha mermado la liquidez operativa y la capacidad de cumplimiento de las obligaciones corrientes a corto plazo.

💥 Cero cargas: Exigen suspender de forma temporal la aplicación de nuevos gravámenes tributarios y cargas salariales para frenar el ahogo financiero.

⚖️ Comisión jurídica: Anuncian la creación de un equipo legal para cuantificar daños, establecer responsabilidades y exigir resarcimientos económicos.

🛑 Veto al bloqueo: Demandan la redacción de normativas específicas que castiguen penalmente la interrupción sistemática del tránsito en carreteras de la red fundamental.

📉 Alerta de liquidez: Plantean la inyección de recursos a la banca comercial para facilitar créditos blandos de reactivación sin alterar la estabilidad financiera.

La dirigencia empresarial catalogó el impacto de las movilizaciones y el cerco terrestre como un perjuicio profundo, injusto e inaceptable que atenta directamente contra el empleo formal y el abastecimiento del mercado interno. La recurrencia de estas medidas de presión es señalada como el principal factor de desestabilización que destruye la previsibilidad de las políticas económicas y ahuyenta las inversiones de capital.

La estrategia corporativa contempla también la exigencia de garantías plenas para la seguridad jurídica, impidiendo que el costo directo de la crisis estructural recaiga de forma exclusiva sobre los sectores vinculados a la producción. El sector privado busca frenar la indexación de nuevos costos operativos en un escenario donde los márgenes de ganancia han sido absorbidos por la inactividad forzada.

Pese a la severidad del diagnóstico de la calle, la CEPB ratificó que mantendrá los canales de concertación institucional abiertos bajo un esquema de diálogo que calificaron de franco y amigable con el Ejecutivo nacional. Las comisiones técnicas sectoriales iniciaron de forma inmediata la sistematización de las propuestas específicas para consolidar el documento base que se presentará en las próximas horas ante el despacho de la presidencia.

El Dato de Cierre: Los 53 días de interrupción en los ejes viales provocaron pérdidas que obligan al sector productivo a demandar auxilio estatal directo para evitar el cese de operaciones de cientos de industrias.