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Esta vez s que parece de suma urgencia la creacin de un Ministerio de Coherencia. El minero muerto la semana pasada fue vctima de los errores del gobierno en el tratamiento de la cuestin minera.
El ministro Mario Virreira, de Minera, admiti que el decreto supremo 1.337 por el cual el propio presidente, en Colquiri, creyndose Salomn, dispuso que el yacimiento fuera dividido en dos, estaba errado. Lo que le falt decir al ministro es que la muerte de Hctor Choque, de 31 aos, es consecuencia de ese error.
La explicacin del ministro es que la empresa Glencore se neg a entregar la informacin precisa, que hubiera permitido elaborar un decreto que no fuera errado, y que no causara muertes.
Los ejecutivos de la empresa que ahora ha decidido iniciar un juicio al Estado boliviano en tribunales internacionales, haban advertido que la situacin de Colquiri era delicada, casi explosiva. Y que no era conveniente mover las arenas del lugar.
All conviva una empresa extranjera preparando un plan de explotacin intensivo que hubiera acelerado la extraccin de la riqueza que ahora Comibol calcula de un valor de 5.300 millones de dlares.
La respuesta de los funcionarios del gobierno fue que no, que el gobierno sabe lo que hace y, sobre todo, sabe manejar a las organizaciones sociales. Vaya manera de manejar organizaciones sociales que tiene este gobierno. Poda, por lo menos quitarles la dinamita que llevan a las marchas que deben hacer para resolver los problemas que el propio gobierno crea.
Pasado el problema, enterrado el joven minero, el gobierno dice ahora que Colquiri no puede ser nacionalizada por completo. Lo dijo el presidente Morales, que en el momento de la muerte del minero estaba de fiesta, proclamando a su candidata en el Beni, como si no supiera que los bolivianos le pagamos para que gobierne para todos, y no para que siga siendo candidato.
Cmo har para evitar nacionalizar todo el yacimiento, si el sindicato, la federacin y la COB se lo piden, amenazando incluso con exigir un referndum revocatorio si no son atendidos?
Y ahora viene otro problema ms. El gobierno se est comprometiendo con la Comunidad Andina de Naciones a aplicar una poltica severa para acabar con la minera ilegal. Mientras se produca la batalla minera en el Prado de La Paz provocada por el DS 1.373, un delegado del gobierno asista a la reunin de la CAN para poner fin a la minera ilegal, es decir a la mayora de las cooperativas.
En suma, despus de haber creado el problema que termin en tragedia, el gobierno prepara otro motivo de conflicto en las minas. Hay que admitir que en cuestin de crear embrollos, el gobierno es mucho mejor que en el afn de resolverlos. Es ms imaginativo.
En pocas horas ha desafiado, de nuevo, a los asalariados y tambin a los cooperativistas. Eso s, prepara una ley para que no puedan llevar dinamita en las marchas que hagan por estas nuevas provocaciones.
Quiz la solucin est en la idea de la COB, de convocar a un revocatorio.
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