El caso de Mario Orellana, candidato a senador por Cochabamba, viene a mostrar que en el pas hay anacronismos legales, como la disposicin por la cual alguien puede ser encarcelado acusado de ser un peligro para la sociedad.
Esta norma policial, que data de 1886, ya era anacrnica y caverncola antes de que llegara este gobierno: ordenaba que cualquier persona poda ser detenida y encarcelada siempre que el acusador demuestre que se trata de un peligro para la sociedad.
Con este gobierno, la medida dio un paso adelante: ahora es el acusado quien debe demostrar que no representa un peligro para la sociedad.
Las atrocidades de la Granja de Rehabilitacin de los Espejos se cometieron bajo la sombra de esa disposicin.
Alguien desarchiv la norma, que fue usada para limpiar las calles y canales de Santa Cruz de vagos y malentretenidos que podan dar una mala imagen a los huspedes del G-77.
Pero ahora ha sido usada para castigar a un poltico que cometi el gravsimo delito de entregar una grabacin del presidente Evo Morales hablando ante sus seguidores donde revela que precisamente el G-77 fue organizado como carajo, la gran campaa.
Y el presidente dice en esa grabacin que las mujeres son masoquistas (la palabra se la da alguien del auditorio) porque les gusta que se las golpee.
Orellana fue capturado de inmediato, remitido ante un juez que escuch la acusacin de la polica: se trata de un sujeto vago (no tiene trabajo) y podra ser un peligro para la sociedad.
A la crcel de inmediato, la cabeza rapada, incomunicado.
Por algn defecto de comunicacin, en varias conferencias de prensa el candidato Juan del Granado no explic de qu se trataba esta acusacin y slo dijo que lo detuvieron porque no tena trabajo.
El concepto completo es vago y malentretenido. Para el juez equivale a alguien que no haya pagado las pensiones de sus hijos, o que haya firmado un cheque sin fondos.
Carlos Romero, quien fue ministro durante los das del G-77 saba del efecto instantneo de esta acusacin.
Estamos ante una atrocidad legal. Quiz los colegios de abogados, aquellos que no estn todava intervenidos, tengan que decir algo.
Si no tener trabajo fuera delito, 70% de los bolivianos tendran que estar en la crcel.
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