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Después de dos décadas de navegar en un mar de ficciones ideológicas y retórica populista, Bolivia parece haber chocado finalmente con el iceberg de la realidad. Por primera vez en 20 años, un gobierno se atreve a soltar el timón de la demagogia para tomar una decisión contundente, dura y, sobre todo, necesaria. El Decreto Supremo 5503, promulgado por Rodrigo Paz, no es un "ataque al bolsillo", como pregonan los sectores que aún viven del privilegio; es el torniquete urgente que necesita un país que se desangra por la herida abierta de los subsidios.
Durante veinte años, el Movimiento Al Socialismo (MAS) montó un escenario de bonanza artificial, cimentado en el despilfarro de miles de millones de dólares que debieron asegurar nuestro futuro. En lugar de ello, asistimos a una tragicomedia de compras irregulares y la creación de industrias "zombis". Proyectos como la Empresa Pública Yacana o el Ingenio San Buenaventura, que hoy operan con pérdidas millonarias o que simplemente nunca funcionaron, son el monumento al ego ideológico que priorizó la política sobre la economía.
La realidad es obscena: mientras el Estado gastaba $us 10 millones diarios para sostener una subvención de combustibles que alimentaba el contrabando y el beneficio ajeno, las Reservas Internacionales Netas (RIN) se desplomaban de $us 15.000 millones a niveles críticos. Se nos vendió una "industrialización con sustitución de importaciones" que resultó ser una fábrica de déficit, donde empresas como Mi Teleférico o YLB encabezan listas de pérdidas que superan los Bs 500 millones anuales.
El "gasolinazo" de Rodrigo Paz —aunque el término cause escozor— es el sinceramiento que los anteriores mandatarios evitaron por cobardía política. Elevar el diésel a Bs 9,80 y la gasolina especial a Bs 6,96 no es un capricho; es el costo de recuperar la soberanía económica. No se puede pretender que un país crezca mientras se quema el capital en el escape de los vehículos, subsidiando el consumo de quienes más tienen o de quienes sacan el combustible por las fronteras.
Es comprensible el malestar, pero resulta cínico que los mismos sectores que guardaron silencio mientras se dilapidaban los fondos del gas, hoy pongan el grito en el cielo. Bolivia no puede seguir viviendo a costa de un Estado que ya no tiene qué dar. El ahorro generado por este recorte, estimado en miles de millones de dólares anuales, es el único camino para garantizar que la Renta Dignidad y los bonos no sean solo papeles sin valor, sino beneficios reales sustentados en una moneda estable.
La transición será dolorosa, nadie lo duda. El incremento de precios en la canasta familiar y las protestas en las carreteras son el síntoma de una enfermedad crónica que finalmente se está tratando. Sin embargo, el mensaje del transporte pesado ha sido una luz de sensatez en medio del caos: hay que ponerle el hombro al país. Adecuarse a los precios reales es la única forma de garantizar que el combustible llegue al surtidor y que el trabajo no se detenga.
Rodrigo Paz ha asumido el costo político que otros eludieron, cortando de raíz la gangrena de la subvención. El éxito de este decreto no dependerá solo de la firmeza del Ejecutivo, sino de la capacidad de los bolivianos para entender que la fiesta terminó y que la cuenta ha llegado a la mesa. Reencaminar la economía exige honestidad brutal, algo que nos faltó durante dos décadas de "proceso de cambio" que solo cambió la riqueza por deuda.
Bolivia tiene hoy la oportunidad de dejar atrás el modelo del "Estado tranca" y avanzar hacia una economía de verdad. El tiempo de las industrias deficitarias y del gas regalado ha muerto por su propia inviabilidad. Ahora nos queda el desafío de construir sobre cimientos reales, sabiendo que la libertad económica no se mendiga al Estado, sino que se conquista con trabajo, eficiencia y, sobre todo, con la verdad por delante.
*Periodista, miembro del directorio de la ANPB
