ASFI y la información oficial en redes que no tributan en Bolivia

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El País.- Mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional baraja las opciones para cobrar impuestos a las grandes tecnológicas que operan en Bolivia provocando una constante fuga de divisas, otras entidades públicas, como la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) siguen emitiendo información oficial a través de redes sociales como Facebook. Una estrategia que desde los foros de víctimas de estafas se considera “pasiva” y “desleal”.

La última ha sido una nota de prensa emitida en sus propias redes en las que alerta de que dos financieras “Préstamos Solidarios Bolivia” y “Financiera de Créditos BCB S.A.” estarían operando en el país ofreciendo créditos de 2.000 dólares con interés mensual del 0,5% y plazos entre 6 y 240 meses, pero que ninguna de ellas estaría registrada en Fundempresa ni en ningún otro ente legal.

A pesar de la gravedad, la ASFI se limita a “informar” en sus redes sociales y a “recomendar no caer en falsas publicaciones por redes sociales, que aparte de dañar la imagen de otras entidades financieras legalmente constituidas, podrían ocasionar estafas”.

“La ASFI, a través de su cuenta de Facebook, emitió un comunicado alertando sobre las operaciones ilegales de esta empresa” concluye la nota de prensa difundida por esta misma institución, cuestionada por varias asociaciones de víctimas de estafa, que consideran que no realiza la necesaria labor de prevención y fiscalización de entidades.

“La ASFI sólo protege a los bancos, siempre ha sido así, nunca se preocupa de si estos hacen bien o mal su trabajo ni de investigar qué hay detrás de estas financieras que proliferan muchas veces al calor de entidades oficiales” dice uno de los voceros de una de estas asociaciones de afectados en Tarija que siguen litigando sin éxito por un caso de estafa.

El papel de las redes

Uno de los cuestionamientos habituales es la falta de información y mecanismos para verificar la legalidad de determinadas empresas, que cada vez actúan con mayores visos de legalidad. El número de afectados por estafas, especialmente en los últimos meses de pandemia, donde la escasez y la pobreza ha obligado a muchas familias a buscar métodos desesperados de financiación, ha ido creciendo.

Entre las cuñas radiales de bancos y financieras se ha extendido la costumbre de añadir el apósito final de “Entidad controlada y supervisada por ASFI”, a lo que la ASFI respondió un tiempo después haciendo incluir la frase de que esta supervisión no significaba recomendación ni nada parecido. En cualquier caso, son las entidades quienes se han autorregulado en ese sentido mientras que el nombre de la ASFI es utilizado por unos y otros – legales e ilegales – sin mayor control.

Sergio Ávila, experto en marketing en redes sociales, señala que Facebook es un buen espacio para promocionar y posicionar imagen y mensajes ya que existen casi más cuentas que población adulta – muchas cuentas duplicadas y falsas -, sin embargo, no llega a convertirse en una red donde se materialicen negocios en Bolivia. “Tampoco Google, puedes hacer que todo el mundo te conozca, pero no te van a comprar en red, necesitas un espacio físico, una dirección, la gente en Bolivia aún necesita ver y tocar antes de soltar su dinero, por lo que la vigilancia no puede ser solo digital”, señala.

De la misma manera, advierte que emitir un comunicado oficial a través de una red social de una página institucional no garantiza ningún alcance. “Nadie es amigo de ASFI en Facebook, alguien que ha tenido algún problema o ha necesitado algún servicio se ha podido acercar a su página web o de la red social para consultar algo y durante unos días le ha podido aparecer las publicaciones en el muro, pero el propio algoritmo de Facebook las va a retirar unos días después cuando detecte que no interesan, así que emitir un comunicado en redes es lo mismo que nada”.

Ávila precisa que “incluso siendo una publicación pagada que garantice un alcance de 50.000 personas, que es muy difícil de verificar y solo queda confiar en los datos que te da Facebook, es muy improbable que alguien haya visto a detalle una publicación consistente en un texto escrito largo. Suele pasar sin pena ni gloria”.

Otros juristas señalan que en el caso de la ASFI, luchar contra el fraude y la estafa es una de sus misiones fundacionales y que “luchar” implica una actitud activa, contraria a la que se pone en práctica al publicar una advertencia en las redes sociales propias, que podría constituir negligencia.

La obligatoriedad de informar

Afortunadamente, en Bolivia todavía sigue siendo obligatoria la publicación en un medio escrito de alcance nacional determinadas publicaciones de índole legal: leyes y decretos – que también se publican en la Gaceta Oficial -, edictos, extravíos y algunas otras disposiciones judiciales.

Por lo general, la publicación en medio escrito da la legalidad y credibilidad que no tiene, por ejemplo, la publicación de estos mismos documentos en páginas web o Gacetas propias de la entidad emisora, ya que pueden ser manipulados en sus plazos o posteriormente editados, lo que en última instancia desprotege al ciudadano frente a la institución.

Pese a los varios intentos de diferentes autoridades de eliminar esta disposición, se mantiene vigente mientras los medios mantengan su certificación de ser de circulación nacional. Cabe señalar en este punto que por decreto se obligó a todas las dependencias del Estado a suscribirse a La Gaceta Oficial del Estado para garantizar así su sustentabilidad.

Los impuestos de las tecnológicas

El presidente de la Comisión de Planificación y Política Económica de la Cámara de Diputados Omar Yujra informó que a partir de hoy lunes comenzarían a analizar el proyecto de ley destinado a cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales provistos desde el exterior como Netflix.

La iniciativa lanzada desde el Ejecutivo alcanzaría también a las empresas de servicios digitales que están operando en el país.  “Se ha puesto de moda plataformas de diferente índole e igual van a ser alcanzados en este proyecto de ley”, dijo el diputado.

Explicó que el objetivo es generar algunos ingresos adicionales y justificó que Bolivia no es el único país que está aplicando este impuesto, sino que Chile y Argentina lo están haciendo. En España se ha implementado la “tasa Google” cuyos ingresos se destinan a fondos de modernización tecnológica, mientras que en Australia se ha avanzado un proyecto de Ley que obliga a las gigantes tecnológicas a pagar por la información de los medios tradicionales que utilizan en sus plataformas, aunque ha abierto otro debate sobre la neutralidad de internet.

En Bolivia varias iniciativas han sugerido que se implemente el impuesto, pero que los fondos sean destinados sobre todo a los generadores de contenidos – tanto medios de comunicación como artistas en general – para su transformación digital.

Algunos políticos como Samuel Doria Medina han manifestado su “preocupación” porque el costo del impuesto recaiga finalmente en el consumidor final de plataformas como Netflix. Otros le han recordado que aunque esa práctica sea habitual, no debería ya que Google, por ejemplo, paga impuestos por sus ganancias obtenidas en Bolivia en otro país. También recuerdan que Netflix no es precisamente un artículo de primera necesidad.

“Como es complejo cobrar impuestos a las grandes multinacionales Netflix o Google, optaron por cobrarle al consumidor nacional que compra esos productos tecnológicos que en el Siglo 21 se vuelven esenciales” escribió el empresario en twitter.

En Bolivia, Netflix ofrece paquetes desde 7,99 dólares hasta 13,99. El ministro de Economía Marcelo Montero declaró a Cadena A que con esa ley se prevé recaudar unos 100 millones de bolivianos, a través de reforma a la Ley 843, incorporando a los servicios digitales como Netflix, Amazon, Google y eBay, entre otros, que se han puesto de moda con la tecnología del internet.

Por otro lado, el mayor gasto en publicidad en redes sociales lo han hecho los partidos políticos en sus últimas campañas, entrando en la contradicción primaria de prometer más empleo al mismo tiempo que se contrata publicidad en redes que no tributan en Bolivia, provocando la fuga de divisas.