El TSJ intenta blindar el caso Jhonny: garantiza una imparcialidad que la ley ya exige

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En un movimiento que busca sofocar las críticas por el manejo del "Caso Pavimento", el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, salió a la palestra para asegurar que se garantizará la imparcialidad y el debido proceso en la investigación contra Jhonny Fernández. Las declaraciones surgen en un momento de máxima tensión institucional, luego de que la fiscalía ejecutara la aprehensión del alcalde cruceño y el gobierno central decidiera sumarse como parte querellante en la causa.

Bajo la lente de la Mesa de Análisis, resulta llamativo que la máxima autoridad judicial del país deba salir a "prometer" un derecho que la Constitución ya establece como obligatorio e intrínseco. Esta necesidad de aclarar la transparencia del proceso sugiere que el Órgano Judicial es consciente del tufo político que rodea la celeridad del caso. Cuando la justicia debe explicar que es imparcial, es porque el mercado de la opinión pública ya ha detectado una anomalía en su comportamiento.

Sin embargo, desde la otra acera, este discurso oficial parece más un blindaje preventivo ante la previsible arremetida de la defensa de Fernández, que ya denuncia una persecución orquestada. El TSJ intenta desmarcarse de la narrativa del "ajuste de cuentas" político, pero la sincronización entre el abandono del gobierno al alcalde y la reactivación de un caso que dormía en los archivos judiciales hace que las palabras de la autoridad suenen a una justificación no solicitada.

La cúpula judicial insiste en que el proceso se ajusta estrictamente a los plazos procesales, ignorando el hecho de que la justicia en Bolivia suele ser lenta para los amigos y veloz para quienes caen en desgracia política. El énfasis en la imparcialidad del TSJ llega justo cuando el entorno de Fernández se siente cercado por un sistema que, hasta hace poco, parecía mantener una convivencia pacífica con la Quinta Municipal.

Este pronunciamiento también sirve como un espaldarazo técnico para los fiscales que ahora tienen la presión de sustentar una detención preventiva en la audiencia de medidas cautelares. Al declarar que se garantiza el debido proceso, el TSJ está validando tácitamente las actuaciones realizadas hasta el momento, dejando poco margen para que el alcalde pueda apelar a fallos de fondo en la jurisdicción ordinaria.

Para los observadores del sistema judicial, el mensaje es un recordatorio de que el pacto de impunidad se ha roto definitivamente y que no habrá salvavidas legales desde Sucre. La imparcialidad mencionada por el TSJ se pone a prueba no en el discurso, sino en la capacidad de demostrar que este proceso no es una cortina de humo para desviar la atención de la crisis de los carburantes y la escasez de dólares.

La ciudad de Santa Cruz observa con recelo estas garantías institucionales, mientras su autoridad máxima permanece bajo custodia policial y con un cuadro de salud inestable. El resultado de este proceso definirá si el Órgano Judicial puede recuperar algo de la credibilidad perdida o si, por el contrario, termina de confirmarse como el brazo ejecutor de una purga política que busca reordenar el tablero electoral de cara al futuro.

El Dato de Cierre: En la política boliviana, cuando la justicia siente la necesidad de explicar que es imparcial, es porque la sentencia política ya está dictada en los pasillos del poder.