Defensor prioriza derechos de los bloqueadores por encima de las mayorías

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El Defensor del Pueblo rompió el silencio institucional para alinearse activamente con los sectores radicales que asfixian el país, priorizando sus demandas por encima del derecho a la supervivencia.

Mientras las familias sufren el desabastecimiento de alimentos y carburantes, la entidad cuestionó la Ley de Estado de Excepción alegando que “cualquier limitación a derechos debe tener una mirada restrictiva”, dijo Callisaya en declaraciones a ERBOL.

Esta postura selectiva busca neutralizar de forma jurídica el uso de la fuerza pública, desprotegiendo a la inmensa mayoría ciudadana que demanda la inmediata liberación de las carreteras del país.

• 📝 Freno a la Acción: La Defensoría impugna directamente el control temporal legislativo de las 72 horas para mantener vigente el estado de excepción, buscando debilitar la capacidad de respuesta inmediata del Ejecutivo.

• 🛡️ Desprotección Policial: El cuestionamiento a la presunción de legalidad de los uniformados pretende amarrar las manos a las fuerzas del orden, dejando vía libre al vandalismo en las carreteras secuestradas.

• 🚦 Omisión Intencional: Callisaya reclamó que la Ley 1740 ya no menciona expresamente a su despacho como instancia de vigilancia, lo que devela una abierta pugna de poder e intereses corporativos.

• 📦 Asfixia Logística: Los reportes desde el lugar de los hechos confirman que las pérdidas económicas por los 39 días de bloqueos ininterrumpidos ya destruyeron la cadena de suministro de la canasta básica.

La intervención del Defensor criminaliza de forma anticipada la actuación de policías y militares cuando estos sean rebasados, otorgando un blindaje discursivo a quienes vulneran los derechos de locomoción.

Según despachos locales, el malestar de la población trabajadora va en aumento ante la total indiferencia de los organismos de derechos humanos frente al desabastecimiento generalizado de insumos médicos.

El Presidente Rodrigo Paz promulgó la ley asegurando firmeza ante las mafias que estrangulan la economía, en un escenario de confrontación abierta donde las instituciones estatales juegan sus últimas cartas políticas.

Las críticas de la Defensoría buscan trasladar de forma obligatoria la carga de la prueba al Estado, incentivando la impunidad de los bloqueadores que mantienen de rodillas al aparato productivo.

El Dato de Cierre: apunta a que los comités cívicos del eje troncal desconocerán el pronunciamiento defensorial al considerarlo una abierta traición a las mayorías que sufren el secuestro económico en las ciudades.