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- 2026-06-19
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La corrupción toca directamente las puertas del presidente Rodrigo Paz luego de que el propio ministro del sector, Oscar Mario Justiniano, confirmara un esquema mafioso de compras amarradas y desvío de fondos públicos en la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA).
El caso dejó al descubierto una red criminal interna donde el personal jerárquico omitió las normas básicas de contratación estatal para beneficiar con más de un millón de bolivianos a un solo proveedor de bobinas para las plantas lácteas.
Ante el flagrante asalto a los recursos de la canasta básica, el Poder Ejecutivo se vio obligado a ejecutar la destitución fulminante de toda la plana mayor de la empresa pública, incluyendo al gerente ejecutivo de EBA, directores financieros, legales y personal técnico involucrado.
💰 El botín amarrado: Se utilizaron de forma ilegal cinco Fondos en Avance por un monto total de Bs 1.225.100,00 dirigidos a favorecer a un único proveedor amigo.
💳 Cuentas particulares: Los recursos estatales para el desayuno de las regiones fueron transferidos directamente a las cuentas del Sigep de cinco funcionarios hoy echados.
🏛️ Plantas afectadas: El direccionamiento fraudulento de compras golpeó de forma directa a las plantas procesadoras rurales de Achacachi, San Andrés y Challapata.
🔄 Purga de emergencia: Tras la expulsión de las autoridades corruptas, el Gobierno posesionó a Mónica Roca con la misión de intervenir y auditar las cuentas de la estatal.
La gravedad del hecho fractura el discurso de honestidad del mandatario, demostrando que los clanes económicos operan con total impunidad dentro de los despachos estatales que manejan el patrimonio y la alimentación del pueblo boliviano.
La investigación profunda y la auditoría en curso pretenden contener una ola de indignación ciudadana que exige cárcel inmediata para los operadores de este atraco financiero, en momentos donde el bolsillo de los trabajadores ya no soporta más abusos.
El Dato de Cierre El desvío de más de Bs 1.2 millones a cuentas personales de funcionarios en EBA demuestra que la corrupción estructural devora las empresas públicas desde adentro, transformando las promesas de transparencia del Gobierno en un engaño directo para el ciudadano.
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