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- 2026-06-23
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La empresa estatal UNIBIENES confirmó de forma oficial que el Estado boliviano ya dilapidó la alarmante cifra de Bs 95.123.589 para indemnizar a los propietarios de 32.499 vehículos cuyos motores fueron destrozados por la comercialización de carburantes adulterados y desestabilizados que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) distribuyó en las estaciones de servicio.
El informe administrativo de gestión de daños, emitido este martes devela la existencia de un lote de 1.820 reclamos mecánicos que ya fueron plenamente aprobados y validados para su cobro inmediato en las cajas del Banco Unión, pero que insólitamente aún no han sido cobrados por los transportistas afectados.
El masivo daño mecánico provocado por el suministro estatal defectuoso golpea el fondo de contingencia nacional en un momento de severa asfixia de divisas, obligando a un millonario desembolso para cubrir las reparaciones de más de 32.000 motorizados que quedaron fuera de servicio.
La escala del descalabro técnico en la importación y refinación de carburantes obligó a YPFB a habilitar un sistema informático de emergencia que colapsó ante las denuncias masivas de choferes del servicio público y privado, exponiendo la pésima calidad del producto importado por la petrolera estatal.
A la mitad de este proceso de compensación financiera por el atentado contra el parque automotor, las estadísticas oficiales desnudan la gravedad de una crisis logística sin precedentes:
💸 Un total de Bs 95.123.589 ya fueron desembolsados por el Estado para parchar motores dañados.
🚗 Un universo de 71.084 vehículos fueron registrados formalmente con averías en el sistema de YPFB.
📈 Cerca del 46% de los expedientes damnificados ya recibieron la respectiva compensación económica.
🏦 Un bolsón de 1.820 órdenes de pago autorizadas continúan durmiendo retenidas en el Banco Unión.
La masiva internación de aditivos deficientes amenaza con paralizar de forma definitiva el transporte pesado y el comercio interno ante la falta de controles de calidad rigurosos en los puntos de importación de energía.
El Dato de Cierre La Mesa de Análisis determina que el pago de 95 millones de bolivianos en indemnizaciones es la admisión de culpa más costosa en la historia de YPFB, demostrando que el ciudadano no solo paga por los carburantes más caros de la región, sino que ahora financia con sus impuestos la destrucción mecánica de su propia herramienta de trabajo.