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- 2026-07-08
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El Ejecutivo nacional ha solicitado formalmente una investigación sobre los viajes y beneficios obtenidos por el gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia, bajo un discurso de supuesta ética pública. Sin embargo, esta acción es vista por diversos sectores como una medida dilatoria, dado que la documentación que expone las irregularidades ya se encuentra en manos de las autoridades competentes.
La contradicción entre el discurso y los hechos es evidente donde se advierte que pedir una investigación sobre un hecho ya probado constituye una maniobra distractiva. Mientras se espera un "informe técnico", el privilegio del ejecutivo estatal sigue siendo una realidad que golpea la economía de la empresa pública.
El núcleo del escándalo radica en la diferencia abismal de costos de pasajes que beneficia al funcionario. Mientras que un ciudadano común debe desembolsar Bs 5.904 para viajar de La Paz a Miami, el gerente general pagó apenas Bs 933 por su retorno, una cifra inferior a lo que cuesta actualmente un boleto nacional, utilizando un beneficio exclusivo para empleados con un año de antigüedad.
La senadora Claudia Mallón presentó documentación que confirma el uso del beneficio "LID50", el cual concede una rebaja del 85% y al que Valdivia, quien ocupa el cargo hace menos de tres meses, no tenía derecho. Esta acción representa una vulneración flagrante a la normativa interna de la empresa, documentada plenamente antes de que el Gobierno decidiera "investigar".
Pasaje ciudadano La Paz-Miami: Bs 5.904 (costo regular).
Pasaje gerente BoA: Bs 933 (uso irregular de beneficio).
Beneficio aplicado: LID50 (exclusivo para empleados con 1 año de antigüedad).
Plazo de gestión: Valdivia ocupa la gerencia general hace menos de 90 días.
El vocero presidencial José Luis Gálvez señaló que el Gobierno esperará resultados para definir acciones, pese a que la empresa estatal ya admitió que el gerente se ausentó de sus funciones mediante una modalidad "sin goce de haberes". Este reconocimiento implícito de la ausencia, sumado a las pruebas tarifarias, hace que la instrucción de investigar sea cuestionada por su falta de sentido práctico.
El Dato de Cierre: El uso de beneficios tarifarios sin derecho a ellos por parte de la alta gerencia de BoA abre un debate sobre la fiscalización de los recursos públicos, mientras la empresa enfrenta severas críticas por su actual calidad operativa.
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