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Las exportaciones de droga se haban mantenido, hasta ahora, a cargo de organizaciones delictivas que desafiaban las leyes nacionales y que haban logrado conquistar espacios polticos crecientes, pero nunca se haban mezclado con las exportaciones legales.
Pero las denuncias hechas desde Argentina sobre camiones cisterna contratados por YPFB para llevar gas licuado de petrleo boliviano a ese pas, con cargas camufladas de droga, vienen a mostrar un avance que no se haba visto hasta ahora.
Esas denuncias estuvieron acompaadas de solicitudes de extradicin de empresarios bolivianos a cargo de los envos, pero en el pas el caso no recibi la atencin correspondiente de parte del gobierno, ni tuvo una cobertura periodstica suficiente.
El subgerente de comercializacin de YPFB, Mauricio Maran, renunci al cargo y lo que dijo la empresa es que la renuncia se debi a razones personales. Es hijo de un importante jefe uniformado muy prximo al gobierno. Tambin se inform que YPFB haba roto los contratos con las empresas comprometidas.
Ahora se informa que esas empresas podrn seguir operando, asociadas que otras que no fueron castigadas. Las protestas argentinas quedaron, as, sin ser escuchadas.
Aqu hay un conflicto. Para que un delito fronterizo sea tal, tiene que ser considerado delito en ambos lados de la frontera. Pero en este caso se est mostrando que el delito de narcotrfico es delito en Argentina pero no en Bolivia.
Adolfo Chvez, dirigente del TIPNIS, dice que si el gobierno boliviano ha de desconocer los principios internacionales sobre la proteccin de la naturaleza, tendra que comunicar a los organismos mundiales esa su determinacin, para seguir violando los parques naturales.
Del mismo modo, si en Bolivia el narcotrfico ha dejado de ser un delito, corresponde que el gobierno anuncie formalmente que ha decidido legalizar las drogas, y que renuncia a los tratados internacionales referidos al tema.
El gobierno uruguayo legaliz la marihuana de frente. El gobierno boliviano est haciendo lo mismo, con disimulo, de manera solapada, con el caso de la cocana.
Que algunos funcionarios de la ONU o de la Unin Europea no observen estos hechos que se dan en Bolivia no quita que se trate de violaciones de tratados y leyes internacionales. Los bolivianos tendran que pronunciarse, en un referndum. Sobre estos temas.
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