-
-
-
Loading
Loading
Las decisiones polticas tienen siempre efectos jurdicos. Por eso los poderes que constituyen el Estado de Derecho emiten leyes, decretos y resoluciones que convierten la voluntad poltica en una norma de aplicacin obligatoria y por tanto de cumplimiento por parte de los gobernados. Si esto no fuera as, las decisiones polticas no tendran efecto alguno en el comportamiento social.
Digo esto porque en uno de tantos intercambios por las redes sociales, un ciudadano me dijo que la Resolucin del TCP estaba mal pero que eso no le quitaba al gobierno su carcter constitucional y no habra que andar despertando demonios. La posicin de este ciudadano mostraba un descontento con lo actuado por el TCP, pero no le asignaba a ello ningn efecto legal, algo as como si hubiera sido un mero chiste del tribunal de mal agrado, pero nada ms. Otro ciudadano ex presidente de la republica dijo que habindose producido la resolucin sealada no haba otra cosa que prepararse para enfrentar al presidente Evo Morales en las prximas elecciones y peda la unidad de la oposicin.
Inclusive algn comentarista dijo que era peligroso actuar polticamente ahora porque el efecto de la resolucin ser el 2019 y hasta entonces el gobierno era constitucional y las movilizaciones podan ser acusadas de conspirativas.
Es importante aclarar esto. Tenemos que remitirnos a los conceptos bsicos de lo que se entiende por Estado de Derecho, es decir al acuerdo primario del soberano de constituir una ley de la cual emana la base jurdica sobre la que se edificar la estructura de gobierno y se establecern los derechos y deberes de la sociedad, es decir de establecer una constitucin de carcter poltico y que conforma el Estado.
La constitucin poltica del Estado no es entonces cualquier cosita que se puede tomar en serio o en broma y se puede acatar o no dependiendo el humor que uno tenga. Tocar la constitucin es meterse con el asunto ms delicado y serio que conforma el pacto social. Gracias a la constitucin poltica del Estado una sociedad puede mantener el orden y la convivencia que aseguren la continuidad del Estado y por tanto de la repblica. Por eso nadie puede colocarse por encima de ella, ningn ciudadano independientemente de su condicin social, religiosa o cultural sea gobernante o gobernado puede desconocerla y tanto es as que ninguna norma dictaminada por cualquiera de los rganos de poder, o de las estructuras de gobierno sub nacional puede entrar en contradiccin con la constitucin o no estar de acuerdo con lo que ella manda y determina.
Es la base sobre la que se edifica la institucionalidad del Estado. Esto es lo que ha sido grotescamente manoseado por el gobierno del presidente Morales, no solo con la ltima resolucin del TCP sino ya hace varias veces y aos atrs. Recapitulemos esas violaciones sistemticas a la Constitucin por el presidente Morales: la ley de necesidad de la reforma el ao 2004 que solo permita la reforma parcial de la constitucin se aplic para la reforma total de la misma, eso ya fue inconstitucional en si mismo. La nueva Constitucin aprobada el ao 2009 no permita al presidente Morales ser re electo pero el TCP emiti una resolucin inconstitucional indicando que la eleccin primera del presidente Morales corresponda a la inexistente Repblica de Bolivia y lo habilit, a pesar de que el presidente firm un documento secreto con la OEA como testigo de que no sera el 2014 nuevamente candidato, lo fue, en clara violacin constitucional, y todo esto no se puede tomar como algo pasajero o como un incidente en la vida poltica boliviana. Al contrario siguiendo con su ruta inconstitucional el presidente Morales apost con el referndum del 21 de febrero de 2016 para seguir siendo candidato para las elecciones del 2019, perdi ese referndum y en una demostracin concreta de que a l no le importa la constitucin, es decir, la ley del leyes, obliga al TCP a violarla nuevamente exigiendo con movilizaciones cocaleras a la misma puerta del tribunal que emitan la resolucin por la cual se declara a la constitucin inconstitucional, un contrasentido que no puede pasarse por dar como si fuera un chiste de mal gusto. Este ha sido un acto grave cometido por el Gobierno en una demostracin total de que no le importa la ley y que considera sus ambiciones personales como derechos humanos que estn por encima de los derechos del soberano.
Las consecuencias jurdicas que se derivan de esta decisin poltica, es la ruptura del pacto social, es decir el Gobierno ha renegado de la ley de leyes y por tanto ha hecho saltar por los aires el Estado de Derecho. El efecto inmediato es su conversin en un gobierno de facto, porque no est sustentado en el orden constitucional.
Esta es la dimensin de lo obrado y siendo as resulta incomprensible que haya quienes quieran todava ver al actual gobierno como un gobierno constitucional, que esperan al 2019 para recin enterarse de que no lo es, o que traten de ganar espacios polticos asumiendo de que lo hecho, hecho est.
Los bolivianos no podemos caer en la estupidez y menos en la inocentada de creer que nada a pasado y que todo sigue igual. Se ha violado la constitucin! Si no somos capaces de darnos cuenta de la magnitud de este hecho entonces nos merecemos todo lo que despus se venga.
El Gobierno del presidente Morales no dar un paso atrs, siempre ha estado dispuesto a violentar la ley para continuar en usufructo del Poder. Puestas las cosas de esta manera el pueblo debe pedirle la renuncia, porque ha dejado de ser Presidente Constitucional ha traicionado la voluntad del soberano y ha colocado sus intereses por encima de los intereses del pueblo boliviano. No somos los que pensamos de esta manera subversores, ni estamos conspirando, ya que es el mismo presidente Morales el que ha renegado de su condicin constitucional, al haber traicionado su juramento en el seno de la Asamblea Legislativa de respetar y hacer respetar la constitucin.
