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Recientemente, a invitación de la Academia Daniel, participé como panelista conjuntamente con el Dr. Iván Tapia y la Dra. Carolina Ortuste como moderadora, en un interesante e importante conversatorio sobre “Reforma de la justica, desde la cosmovisión bíblica”.
Entre los temas conversados se abordó: la importancia de la justicia dentro del Estado Constitucional y Democrático de Derecho; el resultado de informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el 2021 sobre el estado de la justicia en Bolivia y de otros estudios similares; las propuestas de reformas judiciales que se han presentado hasta la fecha; la visita del relator de Naciones Unidas en el mes de febrero de este año; el anuncio realizado por la CIDH sobre la instalación de la Mesa de Seguimiento a las Recomendaciones del GIEI-Bolivia; la cosmovisión bíblica en relación a la administración de justicia y forma en la que deben conducirse las autoridades judiciales y la aplicación de dichos preceptos en la actualidad.
Durante el conversatorio se hizo énfasis a la corrupción en la justicia como uno de los problemas más serios de gobernabilidad en América Latina, en especial en la interferencia en la independencia e imparcialidad judicial, tanto respecto de los poderes públicos del Estado como en relación a cualquier grupo o persona.
La corrupción es una de las principales causas de pérdida de independencia e imparcialidad judicial, pues al ser instrumentalizada la administración de justicia para hacer el mal a los demás; y, no actuar en corrección y justicia, conlleva a perversidad, descomposición y ruina de la institucionalidad.
La corrupción está íntimamente ligada a esa angurria al dinero, a la codicia y a la avaricia, amor al dinero, al transformar el dinero en deidad y que todo gire alrededor de él, en búsqueda de satisfacciones plenas y que sea lo más inmediato posible.
Cabe mencionar que el profesor de Derecho, Lawrence Lessing, de la Universidad de Harvard, señala que “la independencia judicial es una dependencia debida, es decir, un sistema judicial que depende de la ley y no del presidente, de la política, o de cualquier otro factor, que pueda contaminar a la justicia”.
Roberto Laver (ex abogado senior del Banco Mundial), por su parte, afirma: “la independencia judicial ha sido obstaculizada en gran medida por la influencia penetrante e indebida que han ejercido actores provenientes del Poder Ejecutivo. Es habitual que los gobiernos interfieran en la gestión de nombramientos y procesos judiciales”.
En ese sentido, cuando los países llegan a esos altos y generalizados niveles de corrupción, lastimosamente es en complicidad con el factor social, derivando a que lo jurídico sea tan solo apariencia o simple apantallamiento pues en realidad lo que más pesa y es más efectivo es la corrupción, vulgarmente conocidos como los amarres o arreglos económicos con los factores políticos judiciales sumado en algunos casos, a la propaganda mediática como distracción, entretenimiento, tergiversación o manipulación al pueblo, convirtiéndose los procesos judiciales en reality show (nacionales e internacionales) para simular que se estaría luchando efectivamente contra la corrupción.
Desde tiempos inmemorables se vienen repitiendo la misma fórmula de siempre: “reformas”; sin embargo, toda reforma es simple fachada, mucha reforma formal poco real.
Existe un exagerado énfasis en situar las reformas institucionales como la solución al problema de la corrupción. Si bien las cuestiones relacionadas con la distribución del poder político y los pesos y contrapesos son de vital importancia, pero no debemos olvidar que las prácticas sociales o normas culturales constituyen un factor clave, aunque marginado en el discurso y análisis sobre la independencia judicial. Lo institucional no es suficiente sin un cambio de cultura política.
Recordemos, el Informe 2010 de la Corporación Latinobarómetro, donde ya advertían que el uso del poder y la influencia política para promover el favoritismo hacia los familiares, amigos y otros “contactos” se concibe con frecuencia en sociedades latinoamericanas, como una conducta aceptable y legítima. Encontrándose este problema presente en todos los estratos y sectores de la sociedad.
La corrupción provoca una degeneración cultural, es un tema cultural degenerativo. La contaminación social con la corrupción es enorme porque mucha gente las comete porque “todo el mundo lo hace” habiendo sido la CORRUPCION INTERNALIZADA en la sociedad, por ende, es menester cambiar aquel chip mental social.
Ahora bien, tampoco creamos que, por ser un país religioso, éste será menos corruptos. Los datos demuestran lo contrario (Ej.: en casi todos los países de América Latina, las personas que profesan alguna fe religiosa superan en algunos casos el 90 % de la población respectiva; sin embargo, la situación de corrupción se encuentra generalizada); por lo tanto, no es cuestión de religión, sistema de gobierno o país pobre o país rico, es un tema de valores y principios enraizados y cultivado en las personas.
La investigadora Heather Marquette opina con bastante claridad de que: “el creciente llamado a que se utilice la religión para combatir la corrupción se basa en el MITO de que la religiosidad en una sociedad está asociada a menos corrupción”.
Es así que el desafío es enorme, pues para salir de la constante crisis judicial es principalmente con un cambio cultural, una verdadera revolución cultural cimentada en principios y valores éticos morales.
Pepys Internacional, en su informe “Justice System”, establece que “las reformas deben focalizarse en la ética personal y la actitud de la sociedad hacia la conducta ética. Tiene que haber una creencia compartida en la sociedad de que la ética importa”.
En el ámbito de las religiones, si bien es destacable sus contribuciones humanitarias, pero a ello, es necesario una mayor participación rumbo a un cambio cultural, y allí, los retos son considerables y amerita que las iglesias, a través de sus líderes, instituciones y miembros, puedan ser parte más fundamental de la solución, donde los líderes y creyentes puedan demandar integridad (exigir justicia y buena gobernabilidad) pero a su vez, también puedan demostrar integridad, proyectando valores y conductas ejemplares en la ética y moralidad pública de los creyentes, cada uno en su campo de acción donde se encuentre o le toque estar, sin caer en radicalismo religioso ni corporativismo fanático religioso.
Teniendo en cuenta que debajo del sol no hay nada nuevo, tan sólo sofisticación, desde una perspectiva bíblica podríamos decir, que a nivel mundial vamos rumbo a los tiempos de Miqueas, esto es, cada vez se profundiza más el detestable autoritarismo y tiranía, así como en aquella época (de Miqueas), donde la corrupción estaba arraigada en todos los sectores de la sociedad, a tal punto que nadie podía confiar en nadie, habiéndose destruido la confianza social (Miqueas 7: 5).
Sin embargo, el valiente Miqueas no fue apático a todo ello pues se preocupó por la decadencia moral generalizada y decidió ocuparse del problema, confrontando a los líderes corruptos tanto políticos como religiosos de la época, por cuanto entendió que no había posibilidades de prosperar como nación a menos de que la sociedad cambiara sus prácticas corruptas y opresivas.
En el ámbito de las religiones, así como Miqueas resulta propicio que las religiones deban despertar a la realidad, esto es: la existencia de una corrupción endémica y con consecuencias devastadoras.
Finalizo, parafraseando a Roberto Laver, quien afirma: “La fe y la iglesia tiene el potencial de poder contribuir a una transformación de valores y normas personales y sociales. ¡Líderes y creyentes en general, es hora de despertar y actuar!”.