Interculturales condenan a muerte a empresarios

Grave, grav�simo lo que se est� viendo y viviendo en Santa Cruz, el basti�n econ�mico de Bolivia, la regi�n productora de alimentos por excelencia y el mayor Departamento agroexportador del pa�s; pareciera que la locomotora del desarrollo boliviano se encuentra bajo ataque, es triste admitirlo, pero, lamentablemente, la constataci�n emp�rica y objetiva, y la reiteraci�n de los hechos parecen indicar, que es as�.

Si no se pone coto a los avasallamientos de predios productivos que tienen su foco en la regi�n m�s din�mica del pa�s, la situaci�n podr�a pasar, m�s temprano que tarde, de casta�o a oscuro. Cualquiera sea la motivaci�n de tan abominables hechos -tr�fico de tierras, como dicen unos; colonizaci�n inducida, como afirman otros y, hasta el narcotr�fico- urge tomar medidas al respecto.

No es normal y nunca m�s deber�a ser permitido un pronunciamiento p�blico y escrito, como el de la Federaci�n de Comunidades Interculturales San Juli�n Norte, cuya Resoluci�n 11/2023 ley� el dirigente Tito Flores Condori, dando un plazo de 48 horas a los empresarios -bajo amenaza de muerte- para retirarse con su maquinaria del lugar, adem�s de la lastimera arenga de que el pobrecito campesino �siempre ha conseguido, cada cent�metro de su tierra, con lucha, sangre y muerte�, en un acto donde estaba Hebert Sixto Canaza, cabecilla del secuestro de periodistas y polic�as en Las Londras el 28 de octubre de 2021, un tema irresoluto, por cierto (Interculturales �condenan a muerte� a empresarios, la Fiscal�a anuncia pesquisas y ven ausencia del Estado, �EL DEBER�, 7.12.2023).

D�as antes, otro dirigente, Nicol�s Ram�rez Taboada, de la Federaci�n Intercultural San Juli�n de la comunidad 24 de Septiembre Pailitas-Las Londras, hab�a lanzado una amenaza parecida: �Ahora s� vamos a agarrar armas y nos vamos a hacer respetar�, seg�n la Radio Comunitaria San Juli�n.

Frente a amenazas y m�s amenazas, una actitud ajena al modelo de desarrollo cruce�o que tanto bien le ha hecho, hace y har� a�n al pa�s, preocupado por la situaci�n, decid� consultar a un experto jur�dico para conocer su opini�n sobre estos hechos que no solo causan zozobra en el sector agroproductivo, sino, que, si se desborda, en ausencia de Estado puede traer dolor a la familia boliviana y afectar su desarrollo.

Joadel Bravo Bezerra, abogado con Maestr�a en materia Penal y Constitucional, ex Fiscal de materia, adem�s, en relaci�n a la posible tipificaci�n de delitos, enumer� la grave amenaza de agresi�n armada en contra de la vida e integridad f�sica de las personas; la flagrante discriminaci�n por quienes se autoidentifican como miembros de la Federaci�n Intercultural San Juli�n, perteneciente a la comunidad 24 de Septiembre Pailitas-Las Londras, adem�s, que, seg�n el Viceministro de R�gimen Interior, los interculturales, estando fuertemente armados destruyeron tres puentes impidiendo el ingreso de ambulancias y veh�culos de la Polic�a que deb�a aprehender a los autores de las lesiones de 12 personas y la muerte de un joven en enfrentamientos por tierras.

�Se evidencia una embestida contra varios derechos fundamentales de los ciudadanos asentados en la zona: a la vida, a la integridad f�sica, a la dignidad (un valor constitucional en el que descansan los derechos fundamentales de los bolivianos) y a la propiedad, consagrados y protegidos por la Constituci�n Pol�tica del Estado, en sus Art. 15 que ordena: 1) �Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad f�sica, psicol�gica y sexual. Nadie ser� torturado, ni sufrir� tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte�; 2) �Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que �sta cumpla una funci�n social; y el Art. 56, inciso II, �Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al inter�s colectivo�, explic� el jurisconsulto. �Qu� hacer?, pregunt�.

�Evidenciado el execrable hecho de las agresiones a los se�alados derechos fundamentales y del an�lisis de los Arts. 9 y 12 de la Carta Magna, se constata que los fines y funciones esenciales del Estado, adem�s de los que establece la CPE y la ley, es el de garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad, la protecci�n y la dignidad de las personas; as� como, el oficio de Control, de Defensa de la Sociedad y del Estado. De ah� que, al efecto, dispone de la fuerza p�blica (Polic�a y Ej�rcito) y, ante la gravedad del caso, corrobor�ndose palmariamente una conmoci�n interna, con la finalidad de evitar derramamiento de sangre, por imperio del Art. 137 de la Constituci�n, el Ejecutivo tiene la potestad de declarar �estado de excepci�n� en la zona, para que las autoridades puedan ingresar y pacificar el lugar, precautelando los se�alados derechos fundamentales a la vida, integridad f�sica, dignidad y propiedad�, dijo.

�Es incomprensible que por tirar cohetes haya gente presa, pero quienes portan armas de forma ilegal, secuestran y amenazan a personas, no lo est�n�, lament�.

(*) Economista y Mag�ster en Comercio Internacional