El pez tiktoker por su boca muere

Ha  disparado las alarmas en las redes sociales y desatado la polémica sobre la utilización delincuencial de las plataformas digitales, el poder de la palabra y la libertad de expresión; el anuncio del fiscal antidroga Julio Cesar Porras sobre la citación a 15 “Tiktockers” para que declaren sobre su probable vinculación con Erland Ivar García, conocido como “El Colla”, considerado mano derecha del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien el 1 de septiembre del 2024  recibió cinco balazos en una emboscada en la que su acompañante murió en la carretera Cotoca-Pailón.

Y como dicen que el pez por la boca muere, las pesquisas  preliminares dan cuenta sobre algunos mensajes extraños que difundían los ahora influencers buscados, uno de ellos piloto, para atraer a jóvenes para dedicarse a la actividad ilícita.

No es un hecho aislado. Este 29 de mayo de 2024, en Asunción del Paraguay fue detenido un ‘tiktoker” de nacionalidad argentina, con unos 40 mil seguidores, que acostumbraba lanzar desafíos inusuales en las calles ofreciendo buenas sumas de dinero. Pero esa actividad era para camuflar su red de distribución de cocaína rosa, en las principales discotecas.

Asimismo, en el Perú, el 17 de mayo del 2024, fue apresado un “tiktoker” conocido como el “Tío Chuki”, quien decía ser un próspero empresario dedicado a la venta de zapatillas de la mejores marcas. Sin embargo, según la Policía Nacional, detrás de esa careta se ocultaba un comercializador de droga que operaba en la zona norte de Lima y amasaba jugosas sumas de dinero.

Igualmente a fines del 2023, un “youtuber” de nacionalidad paraguaya fue hallado muerto por herida de arma blanca en el cuello, en Buenos Aires, Argentina, en un ajuste de cuentas por sus publicaciones que incitaban al odio racial.

El tema es global. El 27 de febrero, en España fue detenido el dúo de tiktokers LosPetazetaz, como supuestos autores de las agresiones sexuales sufridas por al menos cuatro menores, a las que drogaban y grababan, aprovechando la popularidad de sus perfiles en redes sociales.

Estos hechos mueven a que nos preguntemos ¿a quienes estamos siguiendo en las redes sociales?. Y en un tema de fondo, si los contenidos que difunden sirven para la construcción de una mejor sociedad, pues famosos influencers como el mexicano Luisito Comunica han sido cuestionados por aparecer en una revista pornográfica sosteniendo un cigarro con marihuana o el de dos influencers en Bolivia, que contaban su dinero mientras maceraban hoja de coca o el de otros que igualmente se vanagloriaban de sus hazañas, robando autos en Chile para venderlos fácilmente en Bolivia.

Es que la palabra tiene poder… para salvar vidas, contribuir o destruir. Si  no pregunten la repercusiones provocadas por una “tiktoker” cruceña que confundió una tinaja con una tutuma, o la de una candidata a miss Bolivia que criticó a Potosí y la de otro “influencer” que describió como maloliente a Oruro, en vísperas del carnaval.

La expresión es algo serio.  El nobel colombiano Gabriel García Marquez contó que se salvó de ser atropellado cuando cruzaba una calle gracias a un sacerdote que le gritó ¡!!cuidado!!!. “La palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu” dice la Bíblia en Hebreos 4:12.

Según el último reporte global de We Are Social (Data Reportal), la agencia líder mundial en gestión de social media, las redes sociales más usadas y populares en el mundo, ordenadas por millones de cuentas, son: Facebook (3.049), YouTube (2.491), WhatsApp (2.000), Instagram (2.000) y TikTok (1.562).

La Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH ha advertido sobre la irrupción de las plataformas digitales afirmando que la libertad de expresión, si bien es cierto es respaldada por el art. 19 de la Declaración de Derechos Humanos, tiene límites cuando los usuarios hacen apología del delito, es usada para ciberestafas, trata de personas, venta de órganos, alimentar discursos de odio o promover el racismo, como igual lo contempla el Código Penal o la Ley 045 en Bolivia.