Un cambio en las relaciones de poder

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Paradójicamente, lo que se presenta como una constante entre la visión del Estado autocrático interventor, y la visión del Estado democrático neutral, son las transferencias no condicionadas de dinero en efectivo, pues ambas necesitan de las mismas para consolidarse en un escenario con abundancia de recursos y frustración, o contenerse en el ejercicio de su poder.

Actualmente, los planes de gobierno de los tres principales frentes políticos en campaña electoral plantean mantener estas transferencias o terminar por distribuir los recursos restantes (o por lo menos la mayor parte de los mismos) en forma directa, aunque ninguno podría haber entendido que existe la oportunidad de satisfacer una demanda fundamental en el país.

Cuando en 1997 se propuso ensayar este mecanismo por primera vez, se lo condenó porque se trataría de una descabellada idea para comprar el voto y lograr desesperadamente la reelección y permanencia en el poder. Más de una década más tarde, las evidencias de inversión prudente marcan la diferencia entre simplemente mantenerlas como un elemento político perverso por un lado, y conseguir que el aumento de la riqueza sea impulsada por un protagonista diferente de un Estado embriagado de privilegios por el otro.

Uno de los enfoques que podría generar mayor discusión (el favorito en lo personal) es el del cambio en las relaciones de poder entre el individuo y el Estado, porque contempla mecanismos que podrían limitar las decisiones ineficientes por parte de los gobiernos que afectan a los particulares.

Esta relación fue graficada alguna vez como la aplicación de una llave yudoca, es decir, ceder el paso en lugar de utilizar la fuerza para superar al oponente: si el control de los recursos existentes permite sostener una perversa relación de privilegios y condiciones entre el Estado y los distintos grupos de presión, lo que finalmente le toca al siguiente gobierno es ceder ante la demanda de control sobre los mismos recursos existentes para dejar de reprimir la prosperidad.

La teoría predominante que sostiene esta idea plantea un papel primordial a la pertenencia y participación en los grupos de presión, cuando se observa que sólo un incentivo individual y selectivo estimularía a una persona racional de un grupo latente a actuar con un espíritu grupal, o lo que equivale a decir que una persona tendrá incentivos para actuar en grupo solamente si tiene la seguridad de conseguir rédito en forma individual, lo que al mismo tiempo permite deducir que los individuos actúan colectivamente para proporcionar bienes privados, y no públicos.

Cuando Mancur Olson intentó explicar la lógica de la acción colectiva en 1982, observó que con el pasar del tiempo, el resultado que los distintos grupos de poder generaban al influir en la política a su favor, finalmente comprometían el crecimiento económico, y desde luego, cuando con el pasar del tiempo los grupos de poder aumentaban su fuerza y tamaño, la economía iniciaba un constante declive, y todos aquellos quienes invierten su energía y capacidad creativa dentro de ella, canalizarían su frustración en forma colectiva y violenta.

Olson también se planteaba qué tipo de gobierno se precisaba para lograr la prosperidad, y terminó acuñando la respuesta: “un gobierno potenciador del mercado sería lo suficientemente poderoso para establecer y proteger el derecho a la propiedad privada, pero limitado de modo tal que con sus actividades no pudiera privar a los individuos de esos derechos” (2001).

Entonces, la propuesta que termine por satisfacer una demanda fundamental (que es entregando en forma directa el total o la mayor parte las rentas naturales a los ciudadanos), habrá conseguido la forma menos costosa de burlar la resistencia violenta contra el abuso de poder del Estado, como último recurso de la minoría en su esfuerzo por romper la opresión de la mayoría.

Será a partir de este tipo de lógica que los economistas y no economistas vayan a plantear sus análisis y exámenes sobre los incentivos de quienes ostentan el poder, y las oportunidades para aplicar las ideas sobre el funcionamiento de los sistemas económicos y políticos que surgen en momentos extraordinarios como el actual.

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