Tres procesos desafían la protección social en América Latina

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El envejecimiento, la informalidad y los cambios tecnológicos avanzan como desafíos para mejorar la cobertura, la calidad y la sostenibilidad de la protección social en los países latinoamericanos, apuntó un informe divulgado por CAF, el banco de desarrollo de América Latina.

Más de ocho por ciento de la población latinoamericana tiene 65 años de edad o más, en comparación con 18 por ciento en Europa, pero esa cifra se duplicará, hasta 17,5 por ciento en 2050, y a finales de siglo llegará a 30 por ciento.

El gasto público regional en pensiones equivale, como promedio, a 4,3 por ciento del producto interno bruto: más de ocho por ciento en Argentina, Brasil y Uruguay, semejante al de los países del norte industrializado, y menos de dos por ciento en Ecuador, Panamá o Paraguay.

En salud, el gasto público alcanza a 4,1 por ciento del PIB, y encabezan la tabla Argentina, Uruguay y Costa Rica, mientras los más rezagados son Venezuela, Guatemala y México.

Sobre los sistemas previsionales y de salud se avizora una gran presión a medida que envejezca la población. Se prevé que el trabajador de la región pase de tener en promedio 36 años en 2000 a 44 años en 2050 y 47 años en 2100.

Por cada adulto mayor de 65 años hay en la actualidad cerca de seis trabajadores activos, pero se prevé que esa cifra puede caer a 2,8 en 2050 y a 1,3 en 2100.

El “Reporte de Economía y Desarrollo” de la CAF, dedicado al tema, proyectó el impacto del envejecimiento sobre el futuro de la protección social, pero también el de la informalidad, que alcanza a 63 por ciento de las personas ocupadas en la región.

Esa informalidad llegó a reducirse nueve puntos porcentuales entre 2005 y 2018, pero “el panorama se ha visto agravado por la importante destrucción de empleo formal como consecuencia de la Covid-19”, señaló Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF.

La informalidad “es una gran amenaza para la sostenibilidad de esa protección social. Los cálculos realizados sugieren que deteriora la base de contribuyentes en valores comparables a los que se producirán como consecuencia del proceso de envejecimiento en los próximos 40 años”, dijo Sanguinetti.

Otra tendencia global relevante para la protección social es el avance, a diferentes velocidades, en la digitalización y automatización de los procesos productivos, pues esos avances tecnológicos pueden favorecer la sustitución de trabajadores por máquinas o la digitalización en la realización de tareas rutinarias.

También pueden aumentar la productividad en tareas no rutinarias y ampliar las oportunidades para la realización de nuevas tareas, de un modo que incide en la provisión de protección social, ya que afectan las trayectorias laborales y la distribución salarial.

Por ello, el estudio culmina recomendando líneas para diseñar sistemas de pensiones en la región, comenzando porque todos los adultos mayores deberían contar con un ingreso mínimo suficiente, y luego porque el componente contributivo del sistema debe estar financieramente equilibrado, para ser sostenible.

El estudio utilizó una encuesta en 11 ciudades latinoamericanas para mostrar un amplio respaldo (en promedio 56 por ciento) al criterio de que haya una pensión mínima igualitaria para todos los mayores, independientemente de sus aportes.

En materia de salud, se propone “avanzar en una mejor integración de los distintos subsistemas, que lleve a reducir las brechas de calidad y de prestaciones entre ellos”,  así como desarrollar mecanismos de control de gastos y de uso eficiente de los recursos, así como nuevas políticas de prevención y cuidados.

“No todo es cuestión de gastar más”, sostiene el estudio, pues en la mayoría de los países de la región existe un margen importante para aumentar la eficiencia de ese gasto hasta mejorar en 10,6 por ciento, en promedio, la cobertura efectiva.

En cuanto a la sostenibilidad fiscal, el estudio sugiere combinar la ampliación de beneficios con mejorar la sostenibilidad financiera, como por ejemplo aumentar marginalmente la edad del retiro y, en todo caso, dotar al Estado de mayor agilidad y transparencia para implementar políticas efectivas en ese campo.